El consejero de Gobierno de la Comunidad Valenciana fue arrestado en el marco de una investigación por corrupción. Acusado de adjudicación fraudulenta de contratos públicos, Serafín Castellano fue arrestado tras una investigación sobre su desempeño en el Ejecutivo valenciano entre 2008 y 2010. Minutos después de conocerse la detención, el funcionario fue destituido de su cargo por el presidente español Mariano Rajoy, líder del gobernante Partido Popular (PP).

La policía se presentó ayer por la mañana en las dependencias de la Consejería de Gobernación y en el domicilio del funcionario, a quien detuvo y se llevó esposado. Los agentes y el fiscal anticorrupción, Vicente Torres, permanecieron toda la mañana en el interior de la vivienda de Castellano, en la localidad de Benissanó, población de la que fue alcalde. Los investigadores también registraron las consejerías de Sanidad e Infraestructura, donde requisaron abundante material relacionado con las adjudicaciones que el arrestado realizó durante su etapa de consejero.

Después de pasar 12 horas detenido en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Sagunto, Castellano quedó en situación de libertad provisional hacia la noche, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido. Además, le fue retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional. Al salir, el ex funcionario público fue abucheado por algunos vecinos, se subió a un automóvil y se marchó sin hacer declaraciones.

También fueron detenidas otras ocho personas que guardan relación con la empresa investigada. Uno de ellos se encuentra ya en prisión por otros hechos. La investigación corre a cargo de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que movilizó a varios agentes desde Madrid hasta Valencia para coordinar los trabajos, cuyos miembros describieron como “un trabajo de chinos”.

La investigación indaga sobre las adjudicaciones realizadas durante la época de Castellano como consejerode Aviasla, una empresa con la que contrató los medios aéreos para la extinción de incendios. La policía también requisó documentación relacionadas con las adjudicaciones a la empresa Taroncher, a la que Castellano cedió distintas obras como consejero de Sanidad, y con la construcción de una pista forestal en el municipio de Viver.

La unidad especial de la Policía Nacional investiga desde octubre los presuntos favores realizados por Castellano al empresario Vicente Huerta, propietario de Aviasla, en los contratos públicos por 33 millones de euros que le adjudicó siendo consejero de Gobernación. El delegado consintió al dueño, que cambió el tipo de aviones con los que le adjudicó el millonario contrato para la extinción de incendios. Pero también le autorizó gastos extra que no estaban incluidos en los pliegos de licitación. La denuncia la interpuso el ex gerente de Aviasla, en la que detalla las gestiones realizadas por el ex funcionario para favorecer a Huerta. Entre ellas destaca el cambio del tipo de aviones que ofertó la empresa para conseguir el contrato de extinción de incendios en la Comunidad Valenciana. Según precisó Francisco Alandi, quien fuera mano derecha de Huerta, Aviasla se hizo con el contrato público ofreciendo cuatro aviones que, después de no presentarlos en la oferta del concurso público, no llegaron a España, situación que debió haber acarreado las consecuentes penalizaciones contractuales.

A cambio, el ex funcionario recibió un rifle de caza valuado en 1861 euros, así como los costes de cacerías donde iba invitado por esta empresa. Su mujer también fue receptora de regalos, según los investigadores de la policía que ponen como ejemplo la compra de joyas, entre otros agasajos.

A causa de las sospechas de corrupción en el partido, la Intersindical de Valencia se organizó para evitar que aquellos documentos oficiales que no hubieran sido descatalogados fueran destruidos. Se les pidió a los empleados públicos que se negaran a romper documentos si no se lo ordenaba algún superior y que informaran al sindicato si llegaba a su conocimiento alguna actividad sospechosa. “Nos presentaremos allí inmediatamente y los apoyaremos en todo lo que sea necesario”, expresó la central sindical en un correo electrónico enviado a todo el personal de la Generalitat.

En este marco de desconfianza generalizada, la detención del delegado del gobierno sacudió al gobernante Partido Popular regional, que dirige Alberto Fabra. La suspensión del ex funcionario se produjo apenas tres semanas después de que también haya sido apartado del partido el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por otro escándalo relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilegales. Fabra anunció esta semana que no volverá a repetir como presidente del PP regional tras los malos resultados obtenidos que él mismo achacó en gran medida a los escándalos de corrupción que afectaron a su partido y la falta de respuesta ante ellos.