Página/12 En Perú

Más de dos meses de protestas sin pausa, cuatro muertos, decenas de heridos, la declaratoria del estado emergencia, la militarización de la zona en conflicto y un alto costo político para el gobierno. Ese es el precio, hasta ahora, del intento de imponer un millonario proyecto minero que es rechazado por la población del lugar por su costo ambiental y el riesgo que significa para la agricultura de la que viven. Las movilizaciones contra el proyecto de la transnacional Southern, propiedad del Grupo México, para abrir una mina de cobre a cielo abierto en el Valle de Tambo, en la región Arequipa, unos mil kilómetros al sur de Lima, comenzaron el 23 de marzo. Desde esa fecha, la provincia arequipeña de Islay, donde queda el valle, está en un paro indefinido. El presidente Ollanta Humala ha respondido a las protestas con una dura represión. Pero las protestas no han cedido. En ese contexto, la aprobación del presidente Humala cayó ocho puntos en el último mes, bajando a 16 por ciento, según un sondeo de la encuestadora GFK publicado ayer domingo.

La empresa Southern anunció, hace dos semanas, una suspensión temporal por 60 días del cuestionado proyecto minero Tía María para explicar sus supuestos beneficios a la población. Ese anuncio no le bajó el tono a la protesta, que exige su cancelación. La semana pasada, la protesta contra Tía María se extendió a todo el sur del país y a Lima. Un paro de dos días contra la mina abarcó ocho regiones del sur. Hubo movilizaciones, bloqueos de vías y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los pobladores. Días antes, el gobierno decretó el estado de emergencia en la provincia de Islay, epicentro del conflicto, y ordenó la intervención de las fuerzas armadas en las ocho regiones del sur. En Lima, el jueves en la noche una marcha en apoyo a los agricultores del Tambo que se oponen al proyecto minero terminó en violentos enfrentamientos con la policía y el apedreamiento de locales públicos y privados en el centro de la ciudad. Hubo más de cuarenta detenidos.

En estos dos meses de protestas han muerto tres pobladores por heridas de bala durante la represión policial y un policía a causa de los golpes recibidos durante un enfrentamiento. Aunque ya hay cuatro muertos, la derecha le exige al gobierno mayor mano dura contra las protestas. El gobierno y la oposición de derecha coinciden en defender el proyecto minero y en una campaña de desprestigio contra los opositores a la mina Tía María y los dirigentes de la protesta, a los que acusan, con gran cobertura en los medios, de “minoría radical”, “extremistas”, “violentistas”, “enemigos del desarrollo” y hasta de “terroristas”.

Hace un mes, un video grabado durante una de las jornadas de protesta en el poblado rural de Cocachacra, en Islay, puso en evidencia como un policía le colocaba a la fuerza en la mano a un maltrecho manifestante, visiblemente maltratado, que apenas podía sostenerse en pie, un arma punzocortante para inmediatamente acusarlo de haber atacado a los policías con esa arma. Un fotógrafo registró la escena. Al día siguiente, el diario regional Correo de Arequipa colocó en primera plana la foto del detenido con el arma que le habían “sembrado” en la mano bajo un titular en grandes letras que decía: “Así atacaron los antimineros”. El diario pertenece al poderoso grupo mediático El Comercio, que controla cerca del 80 por ciento de la prensa escrita y buena parte de la televisión.

A pesar de la masiva campaña para desacreditar la protesta contra la mina Tía María, una encuesta a nivel nacional realizada por GFK y publicada ayer domingo revela que el 59 por ciento de la población del país cree que los opositores a la mina tienen razón en su protesta y en sus denuncias de que la mina contaminará la zona y afectará las tierras de cultivo. Según este sondeo, el 68 por ciento de los peruanos está a favor de la suspensión definitiva o indefinida del proyecto minero Tía María. Este respaldo a la protesta crece en el sur del país. En la zona donde se pretende instalar la mina, el rechazo de la población al proyecto minero es contundente. Las autoridades locales de la zona respaldan la protesta. El gobierno ha intentado, sin éxito hasta ahora, quebrar ese respaldo bloqueando las cuentas de los municipios del lugar.

El conflicto por la mina Tía María no es de ahora, tiene ya varios años. En 2011, a finales del régimen de Alan García, las protestas contra el proyecto minero dejaron tres muertos. Las protestas sociales contra millonarios proyectos mineros se repiten desde hace años en distintas zonas del país.

La minería, que representa poco más del 50 por ciento de las exportaciones peruanas, es la principal actividad económica del país, pero es también la principal fuente de conflictos sociales por su impacto ambiental y sobre poblaciones campesinas empobrecidas que sufren las consecuencias negativas de esta actividad y no se benefician de la inmensa riqueza que produce. En los cuatro años del actual gobierno, han muerto 64 personas, 61 pobladores y tres policías, durante las protestas sociales, la mayor parte de ellas vinculadas a temas socioambientales relacionados con actividades extractivas, como la minería.