El diputado uruguayo Eduardo Rubio, del partido opositor de izquierda Unidad Popular (UP), presentó un proyecto de ley para que se investiguen y sean juzgados los crímenes cometidos por la dictadura en Uruguay (1973-1985) en el que será el cuarto intento en 30 años de anular la Ley de Caducidad. Esta ley, vigente desde 1986, amnistió a los responsables por las violaciones de derechos humanos cometidas hasta el 1 de marzo de 1985, año en que se restableció la democracia en el país. El diputado de UP se basa en el argumento jurídico de que la casa que dictó la Ley de Caducidad, el Parlamento, es la que tiene el poder de aprobar otra para sustituirla y “anularla por completo”. En 1989, un primer intento de anularla fue llevado a cabo mediante un referendo popular que no tuvo éxito y se repitió, con el mismo resultado, 20 años más tarde.