El Tribunal Constitucional español (TC) rechazó por unanimidad suspender la celebración del pleno del Parlamento catalán que el próximo lunes votará la declaración con la que los secesionistas darán inicio al proceso de ruptura con España. No obstante, el máximo tribunal advirtió a los secesionistas de que es el propio Parlamento catalán quien debe cuidar que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución. Las fuerzas catalanas Junts pel Sí (JxSI) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) impulsan la iniciativa independentista. Ante la celebración de ese pleno, Ciudadanos, el Partido Socialista Catalán (PSC) y el Partido Popular (PP), que sostienen que acelerar los trámites para celebrar un debate y votación del texto independentista supone una valoración normativa interna de la Cámara, habían presentado medidas cautelares ante el TC para impedir el avance de la posición soberanista.

Y aunque el Constitucional admitió a trámite los tres recursos de amparo interpuestos por el bloque antisecesionista –sobre los que podrá decidir en el futuro, sin un plazo establecido–, optó finalmente por no impedir el pleno para no interceder en el debate político que tendrá lugar en Cataluña. Además, el TC señaló que si bien la ley permite suspender cautelarmente la ejecución de cualquier acto de los poderes públicos que sea objeto de un recurso de amparo, el tribunal siempre destacó, “como uno de los fundamentos del sistema democrático, que el Parlamento es la sede natural del debate político, y no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”. En este caso concreto, la adopción de la medida cautelar rebasa la función del recurso de amparo. Los once magistrados del Constitucional, de mayoría conservadora, justificaron la decisión adoptada bajo el supuesto de que suspender el trámite de la moción independentista podía constituir un control de constitucionalidad sobre una resolución que no había sido adoptado, cuyo contenido se desconoce.

Además, los magistrados destacaron que la finalidad del recurso de amparo está a salvo puesto que en caso de que exista una sentencia, “conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos, incluidos los de trámite, que hubieran resultado lesivos de los derechos fundamentales de los demandantes de amparo”. El TC aseguró que es consciente del riesgo de que en el pleno del Parlamento de Cataluña, anunciado para el próximo 9 de noviembre, se apruebe la declaración independentista impulsada por los grupos Junts pel Sí y sus socios anticapitalistas y secesionistas de la CUP, quienes cuentan con mayoría en la Cámara regional para aprobar la resolución tras las elecciones del 27 de septiembre.

En su fallo, los magistrados constitucionales afirmaron, sin embargo, que la posibilidad de que avance la posición soberanista “no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias”. El TC señaló además que “en este momento es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución”.

Asimismo, el tribunal también dejó claro que ejercerá sus competencias “cuando proceda, con prudencia y determinación”. En una resolución previa, el Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de la oposición argumentando que cumplen el requisito de “especial trascendencia constitucional” que exige la ley, “porque plantea cuestiones sobre las que no hay doctrina de este tribunal” y se trata de una cuestión jurídica de “relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales”.

Los planes de los secesionistas catalanes se centran en la actualidad que la política vernácula atraviesa, desde las elecciones regionales del 27 de septiembre, cuando queda mes y medio para los comicios legislativos españoles, que tendrán lugar el 20 de diciembre. El gobierno español y los principales partidos rechazan la hipótesis de la independencia de Cataluña. Las tres fuerzas que presentaron los recursos de amparo sostienen que la declaración independentista vulnera sus derechos fundamentales porque no se ajusta a la Constitución ni al propio Estatuto de autonomía (ley de autogobierno) de Cataluña.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aseguró que si el 9 de noviembre se aprueba en el Parlamento catalán la moción independentista de JxSi y la CUP, su gabinete presentará un nuevo recurso ante el TC, “a la mayor rapidez posible”. La moción plantea que en un plazo máximo de treinta días después de que el texto se apruebe deben empezar a tramitarse las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública, que sienten las bases para el desarrollo del por ahora hipotético estado catalán.

Según el mandatario conservador, el gobierno de España recurrirá al TC porque es su obligación y porque lo que dice la resolución “no tiene ningún sentido” en el actual ordenamiento jurídico. “Esto no ocurre en ningún país civilizado del mundo”, subrayó Rajoy, quien advirtió también que en caso de que se anule la ley, “se liquidan las normas de convivencia”. Antes de la aprobación del recurso del gobierno es necesario pedir un informe al Consejo de Estado, órgano consultivo estatal. Con la esperanza puesta en que la exigencia soberanista catalana no llegue a buen puerto, Rajoy afirmó: “El proceso de ruptura de Cataluña no va a llegar a parte alguna. España no se va a romper”.