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Los sindicatos franceses inician la primera de las tres protestas de este mes contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo del socialista Manuel Valls, legislación que ven como un paso atrás en los derechos de los trabajadores. La marcha de hoy será el preludio de la gran manifestación y huelga general organizada para el 31 de marzo y para la protesta prevista para el 12 de este mes con el fin de meter presión al gobierno durante las rondas de concertación bilateral que se llevan a cabo entre esta semana y la que viene. En un escenario de convulsión social, la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados) gala aprobó ayer –en primera lectura, por 474 a favor, 32 en contra y 32 abstenciones– endurecer la legislación de seguridad para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, pese a que quienes se oponen a la ley alegaron que las medidas de emergencia ya están contempladas en el código penal actual. La iniciativa aprobada en la Cámara baja será debatida ahora en el Senado.

Siete sindicatos que reclaman la retirada completa del texto de reforma laboral están detrás de la convocatoria de hoy y de la que tendrá lugar el 31 (Confederación General del Trabajo, Fuerza Obrera, Federación Sindical Unitaria, Solidarios, Unión Nacional de Estudiantes de Francia, Unión Nacional de Liceos y FIDL), mientras que la del 12 la promueven la Confederación Democrática Francesa del Trabajo, Confederación Francesa de Gestión, Confederación Cristiana Francesa de Trabajadores, Unión Nacional de Sindicatos Autónomos y la Federación de Estudiantes Fage, partidarios de su reforma.

Los sindicatos rechazan hablar de ruptura entre ellos y sostienen que la suya es una acción gradual contra un proyecto que aún no fue presentado oficialmente, puesto que debe ser adoptado por el consejo de ministros el 24 de marzo. Aunque inicialmente debía haber sido aprobado hoy, el Ejecutivo, consciente de la falta de apoyos, retrasó dos semanas la adopción del texto para darse tiempo para negociar con los sindicatos y la patronal. También para aumentar el respaldo parlamentario de cara a su paso por la Asamblea Nacional y el Senado, previsto respectivamente, en abril y en mayo.

Por el momento, según destacó ayer el diario Le Figaro, hubo poco más que un “diálogo de sordos”, dado que los máximos dirigentes de la CFDT, FO y la CGT reiteraron el lunes ante Valls su oposición. El texto, que según el gobierno ofrece mayor libertad para las empresas y mayor protección para los trabajadores, no deroga las 35 horas semanales, pero flexibiliza el tiempo de trabajo y, según los críticos, lo dinamita de facto al introducir innumerables posibilidades para superarlas sin penalizaciones.

El plan fija también topes en la indemnización por despido improcedente y, entre otros puntos polémicos, clarifica las reglas del despido por causas económicas. Para sus detractores, eso es una forma de ampliar las posibilidades de las empresas para recurrir a ese dispositivo a la hora de desembarazarse de empleados. Esa deriva liberal le valió la oposición al gobierno del presidente François Hollande y el premier Valls, tanto de los sindicatos como del sector más crítico de los socialistas, encabezado por la ex ministra de Trabajo que instauró las 35 horas en Francia, Martine Aubry. Los disidentes advirtieron al gobierno que sus votos en la Asamblea dependerán de los cambios que se aporten, reclamados también en una petición firmada por más de 1,1 millones de personas y en una protesta virtual apoyada por 70.628 internautas en Francia y el extranjero.