Página/12 En Brasil

Desde Río de Janeiro

Lo que aparentaba ser una amenaza apenas diseñada en el horizonte se concretó ayer por la tarde: el fiscal Cassio Conserino, de la Justicia provincial de São Paulo, acompañado por dos colegas, pidió a un tribunal paulista la prisión preventiva del ex presidente Lula da Silva. La jueza encargada de analizar el pedido ya fue designada, pero no hay, al menos por ahora, mención alguna de plazo para la respuesta.

El fiscal Cassio Conserino es un individuo determinado, y no oculta tener al ex presidente como blanco preferencial. En enero aseguró a la revista semanal Veja, uno de los adalides del complot golpista que reúne, además de los medios hegemónicos de comunicación, a sectores de la Policía Federal y de la justicia, ostentando a la cabeza otro juez de provincias, Sergio Moro, que iría denunciar el ex presidente Lula da Silva por lavado de dinero y ocultación de patrimonio.

En rigor, el funcionario siquiera estaba encargado de investigar al ex presidente por la supuesta propiedad de un departamento en un balneario de São Paulo. Atropellando toda y cualquier noción de imparcialidad que se espera de un fiscal, anticipó a la publicación golpista lo que efectivamente hizo ayer: presentar una denuncia que podrá –o no– ser aceptada por un tribunal paulista. De paso, pidió la prisión del principal líder político del país.

En una larga conferencia de prensa convocada en la tarde de ayer, Conserino, acompañado por dos otros fiscales provinciales de su misma generación (e idénticos aires de señores de la verdad más absoluta), anunció que había, sí, cumplido lo que anunció a la revista hace más de un mes. Aprovechó para contar que, además del ex presidente y varios altos funcionarios de una constructora, también denunció a uno de los hijos de Lula y su esposa, Marisa Leticia. Se negó, de manera cabal, a contestar una pregunta clave de los periodistas presentes: ¿había pedido la detención de Lula da Silva?

El misterio se aclaró en pocos minutos, cuando la información apareció en Internet. Con aire triunfante, el joven funcionario contó a los periodistas todos los detalles del pedido de prisión de Lula. La razón: como ex presidente, Lula todavía tiene poder, y es preciso impedir que convoque manifestaciones populares en su defensa, lo que podría generar violencia. Mencionó también la defensa que la presidenta Dilma Rousseff hizo de Lula deja claro que existe un “proceso de blindaje, que podrá intervenir en las investigaciones”. Y, para terminar, por ser un ex mandatario “la posibilidad de fuga” de Lula se refuerza.

La verdad es que el resultado fue todo lo contrario al que, aparentemente, Cassio Conserino esperaba. Además de juristas de los más diversos calibres, hasta en el mismo PSDB, principal partido de oposición y cabeza política del intento de golpe institucional que se procurar armar en el Congreso, hubo sobradas críticas a la iniciativa.

Técnicamente, dicen los juristas, el pedido es frágil. Recuerdan que la denuncia presentada, y que pretende imputar a Lula, es igualmente frágil. Políticamente, un desastre. Si la jueza designada acepta y determina la prisión de Lula, transforma al ex presidente en víctima de un flagrante acto de injusticia. Si la rechaza, pone en relieve la parcialidad de los que persiguen al ex presidente. En cualquier caso, se trata de un momento especialmente delicado, y la iniciativa del fiscal muestra, además de su impericia técnica, una descomunal imprudencia.

Para pasado mañana están convocadas manifestaciones callejeras en todo Brasil, con respaldo de movimientos cuyas orígenes (y, principalmente, financiación) son desconocidas y llevando a remolque los partidos de oposición. Militantes del PT, electores de Dilma, sindicatos y movimientos sociales habían programado salir a las calles en defensa del gobierno y contra el golpe mediático-jurídico-parlamentario. Precisamente para evitar confrontar fuerzas opuestas, los actos pro Dilma fueron postergados. Con el pedido de prisión de Lula da Silva, no se sabe qué podrá ocurrir.

También llama la atención la verdadera obsesión de sectores de la justicia por denigrar a Lula. Como se recordará, el pasado viernes el juez Sergio Moro determinó, sin base jurídica y legal alguna, la ‘conducción coercitiva’ de Lula para prestar declaraciones a la Policía Federal. La ley determina claramente cuales las bases para que alguien sea conducido a la fuerza para declarar. Ninguna de ellas se aplica al ex presidente.

Para enturbiar aún más un escenario de vértigo, mañana habrá una convención del principal (y menos fiable) de los aliados del gobierno, el PMDB. Un sector defiende la ruptura con el PT y con Dilma, pese a los siete ministerios recibidos a cambio de un apoyo desleal. Otro defiende que, a la hora de votar en el Congreso la destitución de la presidenta, cada uno actúe según su conciencia (algo muy raro entre los de la leyenda).

Será un largo, muy largo fin de semana. Dilma Rousseff lo sabe muy bien. Mejor que nadie.