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Desde Río de Janeiro

A partir de mañana, y a menos que ocurra un casi imposible vuelco de última hora, el Mercosur quedará acéfalo. El bloque, integrado por cinco países –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela– tiene reglas claras: la presidencia pro-tempore es ocupada por los miembros en orden alfabética. Termina hoy el turno de Uruguay, y le tocaría a Venezuela ocuparlo a partir de mañana.

¿Por qué no será así? Porque Brasil y Paraguay se rehúsan a cumplir lo pactado, con el no tan discreto apoyo de la Argentina presidida por Mauricio Macri, especie de versión del golpista brasileño Michel Temer doblada al castellano. Como en el Mercosur las decisiones tienen necesariamente de ser tomadas por consenso, y como los dos principales socios, Brasil y Argentina, se oponen a que la regla sea cumplida, está instalado el impase.

La justificativa para impedir que Venezuela asuma la presidencia pro tempore es, al menos en apariencias, válida: el país no cumplió totalmente las exigencias para ser “miembro pleno” del Mercosur. Detalle: ninguno de los demás países cumplieron totalmente las mismas exigencias.

En concreto, lo que ocurre es el primer paso de lo que pretende el ministro interino brasileño de Relaciones Exteriores, José Serra: imponer un cambio radical en la política externa “altiva y activa” de los 13 años de gobierno del PT, primero con Lula da Silva y luego con Dilma Rousseff. Bloques como el Mercosur, la Unasur o el BRICS (reunión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) pierden espacio e importancia. Lo que importa es acercarse a otros acuerdos, capitaneados por Washington. El segundo paso de Serra será retomar un acuerdo con Estados Unidos para utilizar la base aérea de Alcántara, en el norteño estado de Maranhão, el más miserable del país, para lanzamiento de satélites. De hecho, significará permitir que Washington instale una base militar en territorio brasileño.

Al mismo tiempo, el interino Temer, que actúa con la feroz determinación de quien está seguro que la destitución de la presidente electa será consumada en agosto, se lanza con saña inaudita sobre la estructura administrativa del gobierno. Por esos días fueron cesados 81 funcionarios del ministerio de la Cultura. La Cinemateca Brasileña fue literalmente desmantelada: los responsables por el proyecto de preservación y restauración de películas que es considerado referencia mundial fueron sumariamente demitidos. La razón, según el ministro interino: “deshacer el aparato político impuesto por el PT y nombrar a funcionarios de carrera”. Detalle número uno: los cesados son funcionarios de carrera. Detalle número dos: el principal, o al menos el más visible, foco de resistencia al golpe institucional se da precisamente entre artistas e intelectuales. Degollar al ministerio de Cultura es parte de la venganza de Temer y sus acólitos.

Para el puesto de la coordinadora general de la Cinemateca fue indicado un tipo que responde a causas judiciales por estafa. Nada podría estar más en armonía con un gobierno colmado de personajes que responden a causas judiciales mientras destituyen, bajo el amparo de una farsa judicial, a una presidenta contra quien no existe una única, solitaria denuncia por lo que sea. En el ministerio de la Salud, 73 personas fueron demitidas el pasado jueves. Y ya se anunció que al menos otras 242, todas ocupantes de cargos de dirección o coordinación de programas creados por las administraciones del PT, serán igualmente fulminadas.

El ministro interino, Ricardo Barros, dice que hay “excesos de cargos ocupados por indicaciones políticas”. El ministro también defiende ajustes rigurosos en los programas y gastos de salud pública, y recomienda que la salud privada ofrezca “planes y seguros a precios razonables”. Detalle: Barros tuvo, a lo largo de su opaca trayectoria de diputado nacional, todas sus campañas financiadas por entidades de salud privada.

Las universidades federales están al borde de la bancarrota. Hay retrasos en la liberación de presupuestos pactados, y se anuncia que además sufrirán ajustes. Hay denuncias de censura y persecución política a profesores que resisten el golpe institucional. Al mismo tiempo, se lanza una campaña en los medios hegemónicos de comunicación, voz unísona de pleno respaldo al golpe institucional, defendiendo directamente que las universidades nacionales dejen de ser gratuitas. Mientras eso no ocurre, el gobierno interino suspendió los programas de becas para graduados en el exterior, y retrasa el pago de las becas de maestría vigentes, dejando centenares de estudiantes náufragos en más de una decena de países.

Agosto se anuncia como un mes de temporales. Todo indica que el interinato de Michel Temer se transformará en presidencia efectiva. El núcleo duro de los políticos armado alrededor de Temer dice que luego de la destitución de la mandataria elegida por 54 millones de brasileños se abrirá espacio para negociar con diputados y senadores la aprobación de los “cambios urgentes y necesarios”. Son programas que afectarán directamente derechos laborales e impondrán cambios en el sistema de jubilaciones, entre otras conquistas alcanzadas. El interino cree que los votos de la mayoría de los 81 senadores darán legitimidad a su gobierno. Si la política de tierra arrasada que impone sin haber alcanzado esa supuesta legitimidad ya asusta, más aún es la perspectiva de lo que vendrá cuando el golpe institucional se confirme.

Pobre, pobre país el mío.