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Por Juan Jesús Aznárez *

La Organización de Estados Americanos (OEA), con Estados Unidos a la cabeza, y la Comunidad de Países del Caribe (Caricom), analizaron ayer en Washington el posible despliegue en Haití de una policía internacional que sofoque la violencia y permita la solución negociada de una crisis política que incendió diez localidades haitianas. La oposición exige la renuncia de Jean-Bertrand Aristide, que rechaza hacerlo antes del año 2006, fecha de la terminación de su mandato presidencial. La reunión de Washington criticó la gestión del ex cura salesiano, pero no convalidará su derrocamiento a la fuerza, una posición que fue subrayada luego por Estados Unidos, Canadá y los países del Caribe. Anteayer, el Departamento de Estado había criticado a Aristide.
Elegido democráticamente en el año 1990, como premio a su activismo contra la tiranía de la saga Duvalier (1957-1986), el presidente Aristide fue depuesto por un cuartelazo meses después. Estados Unidos invadió Haití en el año 1994 para reinstalarlo. El ex sacerdote de la Teología de la Liberación disolvió el ejército, entre otras razones para evitar un nuevo golpe. Lo sustituyó con una policía de 5 mil hombres que combate, desde hace semanas, contra las bandas locales que secundan las demandas opositoras. El frente antigubernamental acusa a ese cuerpo de actuar como guardia pretoriana del mandatario y de contar entre sus filas con hampones del contrabando y el narcotráfico. Pero otras versiones dicen que las bandas armadas que se oponen a Aristide fueron armadas por Aristide en primer lugar, y la oposición política se ha ocupado de tomar distancia de esas fuerzas. En estas condiciones, el panorama sugiere una desintegración, y Estados Unidos teme una masiva emigración de refugiados que termine atestando sus costas.
Siendo incierta la evolución de los acontecimientos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, confirmó que el despacho de un cuerpo multilateral de policía es una de las opciones examinadas para abortar un agravamiento de los choques callejeros registrados en Cabo Haitiano, Gonaives y otras poblaciones, pero que todavía son menores en la capital, Puerto Príncipe. Gobiernos y organizaciones internacionales temen que las puebladas acaben imponiéndose como herramienta de la alternancia en América latina. Instado a hacerlo, Aristide aceptó crear un consejo asesor del gobierno, elecciones legislativas en seis meses, el desarme de las bandas paramilitares y un nuevo primer ministro. Pero los opositores desconfían, señalando que el ex teólogo de la liberación se ha convertido en un tirano, y se ha enriquecido de la misma forma que otros dictadores.
La Constitución señala que debe nombrarlo el Parlamento, inoperante desde las denuncias de fraude en las legislativas del año 2000, copadas por el oficialismo. La oposición propone que a la renuncia de Aristide siga la designación de un presidente de consenso entre los jueces del Tribunal de Casación. Un “consejo de sabios” se constituiría en Consejo de Estado encargado de la transición y la organización de nuevas elecciones, en un plazo no superior a los dos años. El gobierno de Jamaica, que dirigió a la delegación de Caricom reunida en Washington, advirtió a la oposición haitiana que no fuerce las cosas. “Cualquier cese inconstitucional del gobierno tendrá como resultado el no reconocimiento de aquél que lo sustituya”, subrayó en una nota oficial.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.