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El escándalo “Waldomiro” sigue dando que hablar. Después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmara un decreto que prohíbe los bingos, Forza Sindical, la segunda central obrera más poderosa de Brasil, anunció que pedirá al mandatario que legalice los cerca de 1100 bingos que hay en el país porque su cierre podría dejar en la calle a unas 320.000 personas. Como respuesta al escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, y a pesar de que el Congreso acababa de defender su legalización, el pasado viernes Lula prohibió los bingos y máquinas tragamonedas en todo Brasil, donde los juegos de azar mueven unos 2000 millones de dólares por año. Pero el decreto sólo tendrá fuerza de ley cuando el Parlamento lo apruebe. Mientras, Lula convocó ayer a sus principales asesores para evaluar la crisis desatada por las denuncias de corrupción contra un ex asesor del jefe de Gabinete, José Dirceu.
El caso Waldomiro estalló hace dos semanas, cuando la revista Epoca difundió un video grabado en el 2000 en el que se ve al ahora ex subjefe de Asuntos del Parlamento de la Presidencia, Waldomiro Diniz, negociando coimas con un capo de la mafia del juego clandestino para financiar campañas electorales del Partido de los Trabajadores (PT) en el 2002. Pese a que las denuncias se refieren a hechos ocurridos antes de la investidura de Lula y a que Diniz fue destituido por el presidente inmediatamente después de que se divulgó el video, la gran amistad entre Dirceu y Diniz provocó sospechas entre la oposición, que enseguida pidió la renuncia del “hombre fuerte” del gobierno, que aún continúa en su cargo. Las acusaciones de que el juego clandestino habría financiado al PT paralizaron las votaciones en el Congreso, pusieron al gobierno a la defensiva y causaron pérdidas en el mercado financiero. Luego vino el decreto “moralizador” de Lula contra los bingos y, entonces, la dirección de Forza Sindical decidió convocar para hoy a una serie de asambleas en las puertas de los bingos cerrados del estado de San Pablo como forma de protesta.
Como en Brasil no hay una legislación federal que regule el funcionamiento de los bingos, hasta ahora éstos operaban amparados por sentencias cautelares de la Justicia y reglamentaciones de los gobiernos regionales. Después de que Lula decretara su prohibición, varios locales lograron escapar de la medida presentando recursos de amparo. Pero la Abogacía General de la Unión presentó recursos de casación contra estos amparos. Y ayer esperaba un fallo del Tribunal Regional Federal que permitiera cerrarlos ese mismo día.
Aparentemente, la reunión de ayer entre Lula y el “núcleo político” de su gobierno fue para, entre otras cosas, sanar la polémica desatada por la decisión del PT de organizar en Brasilia un acto público de apoyo a Dirceu la semana que viene. El acto, propuesto por el propio presidente del PT, José Genoino, generó críticas en el mismo gobierno. “Algunos ministros consideran que ese acto, en lugar de ayudar al gobierno a superar la crisis, la va a alimentar”, aseguró ayer el diario Folha de Sao Paulo. En la sede presidencial de Planalto, la principal preocupación es limitar el alcance del escándalo, evitar que éste paralice las sesiones del Congreso y cause daños irreversibles a la popularidad de Lula y del PT, que llegó al poder hace 14 meses con fama de incorruptible.
No bien estalló el escándalo, Lula destituyó a Diniz, ordenó una investigación y cerró todos los bingos. “Yo creo que ya hice mi parte”, dijo el mandatario durante el feriado de Carnaval, dando a entender que no piensa ir más lejos. Pero la oposición reclama una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y la renuncia de Dirceu. Sin embargo, el gobierno considera que una CPI podría trabar el voto de importantes leyes de su “agenda positiva” para este año –ley de quiebras, ley de asociación de los sectores público y privado en proyectos de infraestructura–. En el Parlamento, Lula puede contar con los partidos aliados, empezando por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del ex jefe de Estado y actual presidente del Senado José Sarney, para bloquear la formación de una CPI. El problema es que varios senadores del PT dicen que debe haber algún tipo de investigación parlamentaria y apoyaron un pedido de CPI sobre los bingos en general para investigar posibles conexiones con el lavado de dinero.