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Por Andrew Buncombe *
Desde Washington

La Casa Blanca sostuvo que la Constitución de Estados Unidos les da al presidente George Bush y a su vice Dick Cheney autoridad para tomar decisiones ejecutivas sin revelarle al público cómo se tomaron esas decisiones o a quién se consultó. En lo que podría ser el choque más serio entre la administración Bush y el sistema judicial de Estados Unidos, a la Corte Suprema se le pidió ayer que decidiera si Cheney debía revelar los nombres de los ejecutivos de la industria que él consultó cuando preparaba su controvertida política de energía. Durante casi tres años, Cheney, un hombre de la industria del petróleo, se ha negado repetidamente a revelar la información. “Este es un caso sobre la separación de los poderes”, dijo el más alto abogado de la administración, el procurador general Theodore Olson, a los jueces de la Corte Suprema.
La Casa Blanca está considerando el caso como una prueba de su poder ejecutivo y sostiene que la revelación forzada de informes confidenciales interfiere con la capacidad de un presidente de obtener información y consejo honesto. Los ambientalistas y otros interesados en un gobierno más transparente dicen que la revelación es la única manera de asegurar que la administración no brinde favores especiales a grupos de la industria energética que donaron miles de dólares a las campañas republicanas. La controversia fue más alimentada por la decisión del juez Antonin Scalia de no recusarse de la audiencia por su amistad con Cheney. Hace varios meses se supo que los dos habían ido de viaje juntos a cazar patos en Louisiana en un jet del gobierno pagado por los contribuyentes. En un inusual memorándum de 21 páginas, rechazó un pedido del grupo ambientalista, el Sierra Club, para que renunciara. “Si es razonable pensar que un juez de la Corte Suprema puede comprarse por tan poco, la nación está en mayores problemas de lo que se había imaginado”, escribió. Y añadió: “Una regla que requiera que los miembros de esta corte se retiren de los casos en que las acciones oficiales de amigos estén en juego sería totalmente paralizante. Muchos jueces de la Suprema Corte consiguen sus empleos precisamente porque son amigos del presidente en ejercicio o de otros altos funcionarios”.
La Corte Suprema es la última esperanza de la administración de mantener en privado los informes. Ya perdió dos veces acciones legales en las cortes federales inferiores. La corte debe entrar en funciones en julio y si apoya la decisión previa de la corte inferior de que los papeles deben ser difundidos, la administración tendrá que cumplirlo, justo cuando se está calentando la campaña de las elecciones presidenciales.
El Sierra Club, uno de los dos grupos litigantes, acusó a la administración de dejar fuera de las reuniones a los ambientalistas, mientras les abría las puertas a los ejecutivos y lobbystas de la industria energética.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.