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Bolivia parece encaminarse a un nuevo escenario de confrontación social, y otra vez el gas es el motivo de la discordia. En medio de una campaña millonaria desplegada por el gobierno de Carlos Mesa en los medios de comunicación, los bolivianos entraron en la recta final hacia el referéndum del 18 de julio, que deberá definir los lineamientos generales de la política gasífera.
Muchos anhelan convertir al gas en un recurso que le permita al país salir de la histórica situación de postergación y pobreza. Por eso, en septiembre y octubre de 2003, indígenas, mineros y campesinos se levantaron contra la decisión del entonces presidente, el empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, de exportar gas a Estados Unidos y México en beneficio de las empresas transnacionales y por puertos de Chile (el país que en 1879 ganó la Guerra del Pacífico y se apropió del litoral marítimo boliviano). Goni –como es conocido el ex presidente– huyó a Estados Unidos y el vicepresidente Carlos Mesa, que rechazó la represión que cobró 80 muertos y 400 heridos, asumió la presidencia con el apoyo crítico de los movimientos sociales e indígenas.
Si bien el objetivo declarado de la consulta es cumplir con la “agenda de octubre”, a lo cual Mesa se comprometió personalmente en la ciudad de El Alto, y definir los aspectos generales de la política hidrocraburífera del país, en los hechos se trata de un plebiscito que definirá la continuidad o no del actual Presidente. Así lo reconoció el propio Mesa en un seminario para jóvenes, donde amenazó con que deberá renunciar a su cargo en caso de perder.
Pero a una semana del referéndum, el millón de dólares destinado a la campaña “Te Toca Ti” no ha logrado convencer a los bolivianos, y son muchos quienes acusan al mandatario de continuar con las políticas neoliberales de su antecesor. El malestar se vincula a que el gobierno ha decidido excluir de la consulta la consigna central de los movimientos sociales: la nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización en el país.
Pese a que Mesa y sus técnicos sostienen que el triunfo del Sí a las preguntas sería una forma de nacionalización (ya que el Estado recupera la propiedad en boca de pozo anteriormente cedida a las transnacionales), el delegado presidencial para la Capitalización, Francesco Zaratti, ha dejado claro que los actuales contratos de riesgo compartido, firmados entre el Estado boliviano y las empresas extranjeras en 1996 por un plazo de 40 años, no serán anulados, ya que el gobierno respetará la seguridad jurídica.
La cuestión del gas sensibiliza al extremo a los bolivianos más postergados en el reparto de la riqueza nacional, los cuales no cuentan con gas en sus domicilios. Los campesinos e indígenas temen que otra vez, como en el pasado, un recurso natural abundante sea explotado en favor de intereses extranjeros –como lo testimonian los “cementerios mineros”–, sin ningún beneficio para la mayoría de los bolivianos. El gas es el último recurso natural que le queda al país, luego del “ciclo” del estaño y la plata, explotados colonialmente hasta su agotamiento.
Los sectores más radicalizados, como la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Jaime Solares, los campesinos aymaras del Altiplano, agrupados en la Central Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) liderada por Felipe Quispe, y varias juntas vecinales de El Alto, han llamado a boicotear la consulta a través de la acción directa.
Felipe Quispe, uno de los principales actores en la consolidación del movimiento indígena aymara en el Altiplano, ha convocado a sabotear elreferéndum con movilizaciones y bloqueos relámpago (para evitar la represión estatal) e inclusive quemando las urnas o impidiendo la apertura de las escuelas. Una convocatoria similar fue realizada por Roberto de la Cruz, de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, quien ha anunciado una campaña “casa por casa” para concientizar a la población alteña y revertir el “freno a las movilizaciones desarrollado por el partido de Evo Morales”, que controla varias instancias sindicales.
En el otro extremo del país, los indígenas del oriente –mayoritariamente guaraníes– proponen escribir la palabra “nacionalización” sobre cada una de las preguntas del referéndum al momento de emitir el voto, en un contexto en el que las elites locales de Santa Cruz de la Sierra (una de las regiones petroleras) están reclamando una mayor autonomía regional y buscan destrabar la exportación del gas (algo que según los críticos va a ser posible si gana el Sí a las últimas dos preguntas del referéndum).
Aunque con estrategias diferentes, todos estos movimientos han iniciado una campaña por el millón de firmas en favor de la nacionalización de los hidrocarburos, una consigna que de acuerdo a una encuesta de Radio Erbol cuenta con un 80 por ciento de aprobación entre los bolivianos; aunque con opiniones distintas acerca de en qué consistiría esa medida.
Por su parte, los cocaleros del Chapare (en el trópico de Cochabamba, y mayoritariamente del MAS) y los sindicatos de comerciantes informales (uno de los más numerosos de Bolivia) han llamado a sus afiliados a votar por el Sí a las tres primeras preguntas –vinculadas con la recuperación de la propiedad en boca de pozo y la “refundación” de YPFB– y No a las dos últimas –sobre la exportación y utilización del gas como mecanismo de presión para recuperar una salida soberana al Océano Pacífico, lo que consideran un cheque en blanco al gobierno de Carlos Mesa para exportar gas por Chile y sin industrializar–. Esta posición cuenta con cierto apoyo también en el Altiplano.
El MAS es uno de los pilares del referéndum y una barrera de contención frente a los movimientos radicalizados que impulsan la nacionalización. Su congreso nacional del 3 de julio pasado ha llamado a sus bases a concurrir masivamente a votar en el referéndum, al que consideran una conquista de octubre y un freno a las presiones de la derecha golpista y de las elites regionales del oriente del país.
El presidente del MAS en la ciudad de El Alto, Miguel Machaca, ha señalado que “una posición extrema llevaría al país al desastre, por lo que es necesario apoyar el referéndum”. Y el propio Evo Morales explicó que “tal vez hablé de nacionalizar en mi época de dirigente sindical, cuando estaba en la protesta y no en la propuesta. Pero vimos que hay que ser serios y que las propuestas deben ser viables; así hemos concluido que mejor es la recuperación de los hidrocarburos. El nacionalizar implicaría pagar miles de millones de dólares, cuando ni siquiera podemos pagar el servicio de la deuda externa actual”.
Si bien, por el momento, el presidente Mesa cuenta con un amplio respaldo en las encuestas y se descuenta un triunfo del Sí a las cinco preguntas, uno de los desafíos del gobierno es garantizar la masiva asistencia al referéndum e imponer la autoridad estatal en las regiones más conflictivas del Altiplano. Una tarea no sencilla si recordamos que hace pocos días los pobladores de Ayo Ayo (a sólo 80 kilómetros de La Paz) expulsaron a la policía y a los fiscales del Estado para evitar que se investigara el secuestro y posterior muerte del alcalde Benjamín Altamirano, acusado de corrupción por los comunarios. Y pusieron en pie una “policía sindical” y un gobierno autónomo, que amenaza con extenderse a toda la provincia de Aroma. Por eso el gobierno ya ha dispuesto la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la consulta y “utilizar toda la fuerza que sea necesaria” para evitar el boicot. Una posición que cuenta con el apoyo de la embajada estadounidense en La Paz.