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Por Jen Ross *
Desde Santiago

El Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) entabló una querella judicial contra el ex dictador Augusto Pinochet por fraude y evasión impositiva por las cuentas offshore que salieron a la luz en julio. En paralelo, los abogados de organizaciones defensoras de los derechos humanos, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, presentaron otra querella por “fraude al fisco” contra el ex dictador.
Hasta que irrumpió un escándalo financiero a principios de este año se creía que el general retirado de 88 años, tristemente célebre por abusos contra los derechos humanos durante su dictadura de 1973 a 1990, era, sin embargo, honesto en el manejo de los recursos públicos. También es querellado en cientos de casos de derechos humanos diferentes como resultado de que la Corte Suprema chilena le quitara los fueros que lo protegían. La última querella fue entablada después de que un informe del Senado norteamericano revelara que tenía cuentas secretas de hasta ocho millones de dólares en el Banco Riggs de Washington DC. El SII acusa Pinochet por la presentación de declaraciones de renta incompletas o falsas, que pudieron inducir a un menor pago de impuestos o “evasión tributaria”. Si es encontrado culpable podría ser condenado a hasta cinco años de prisión.
Según el informe del Senado norteamericano, el Riggs se había esforzado en ocultar el dinero para Pinochet, especialmente a fines de los ‘90 cuando el juez español Baltasar Garzón emitió una orden de arresto internacional por abusos contra los derechos humanos e intentó congelar sus bienes. Los críticos dicen que las declaraciones impositivas de Pinochet, que son públicas, no reflejaban las cuentas secretas. La familia y los asesores financieros de Pinochet sostienen que el dinero provino de fuentes legítimas, incluyendo donaciones de simpatizantes e inversiones. La querella también apunta a Oscar Aitken Lavanchy, albacea de los bienes de Pinochet, y que ha representado a Pinochet en sus manejos financieros con el Riggs.
El general retirado se enfrenta ahora a varios juicios. El jueves se sometió a dos horas de exámenes psiquiátricos y neurológicos para determinar si puede enfrentar un juicio por su presunta participación en 19 muertes de la Operación Cóndor, un brutal plan de represión contra los opositores de las dictaduras sudamericanas de la década del ’70. Se espera que los resultados estén listos el próximo viernes.
Errol Mendes, un profesor de derecho internacional y un experto en anticorrupción en la Universidad de Ottawa, Canadá, dijo que la nueva querella prueba que el gobierno y el Poder Judicial sienten que ahora pueden atacar a Pinochet. “Las probabilidades de que sea hallado culpable son altas”, dijo Mendes. “Algunas de las personas más deshonestas de la historia han sido atrapadas por cuestiones financieras: Al Capone, por ejemplo. Es poco sabido, pero finalmente fue encarcelado por evasión impositiva y no por haber asesinado a personas durante su vida como gangster.” Las acusaciones de fraude y corrupción contra Pinochet han recorrido el mundo y Mendes dice que podría servir para universalizar la lucha contra la corrupción.
El mes pasado, Garzón amplió su propia investigación contra el ex dictador, agregando cargos por lavado de dinero y ocultamiento de bienes. Dijo que los depósitos de Pinochet y su esposa en sus cuentas en el Banco Riggs en 2002 violaban el embargo internacional de sus bienes, decretado por Garzón en octubre de 1998.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Ximena Federman.