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El ruido de las copas que se acomodan para el brindis se deja oír en la voz de César Cigliutti, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Que el matrimonio sea un derecho para parejas del mismo sexo en España es, para quienes impulsan una ley de unión civil a nivel nacional que contemple el derecho de adopción, herencia y pensión por fallecimiento, como haber dado un paso calzado con las botas de siete leguas. “Es que hay vínculos culturales y sociales muy fuertes con ese país. De hecho, uno de los que trabajó en la redacción del proyecto, Héctor Anaditarte, fue un argentino, militante en los ’70 del Frente de Liberación Homosexual”, dice Cigliutti, señalando la continuidad de reivindicaciones que, según esta agrupación, requieren estrategia, constancia y progresividad. La CHA está terminando la redacción del proyecto de ley nacional de unión civil que será presentado a las cámaras legislativas a más tardar en diciembre de este año.
Pero el primer paso para conseguir el consenso necesario para que la ley sea tratada con éxito en el Congreso será dado en veinte días, cuando se presente el libro Adopción, Proyecto de Ley Nacional de Unión Civil, que, compilado por Jorge Horacio Raíces Montero, psicólogo clínico y encargado del área salud de la CHA, reúne más de veinte ensayos que dan cuenta de la experiencia de parejas del mismo sexo en torno de la adopción. Eva Giberti, Alfredo Grande, Juan Carlos Volnovich, Jorge Garaventa e Isabel Monzón son algunos de los profesionales que participan y dan cuenta de que, como se señala en las conclusiones, “la ciencia admite que los niños y niñas que crecen con padres gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales o intersexo se desarrollan en forma normal en lo cognitivo, social, emocional y sexual”, pensando lo normal como un equilibrio dinámico y no como una ausencia de conflicto, pues eso escapa a la especie humana.
La posibilidad de la adopción es una de las diferencias fundamentales respecto de la unión civil que rige en la ciudad de Buenos Aires, ya que ésta no puede influir sobre el derecho de familia que corresponde al ámbito nacional. Y es por esto que el libro se plantea como una movida fundamental en la estrategia por conseguir el consenso que se necesita para abrir el debate en torno de los plenos derechos de las parejas del mismo sexo. “Lo gracioso –dice Cigliutti– es que algunos de estos trabajos fueron encargados por diversas asociaciones profesionales justamente para alejar la posibilidad de que podamos adoptar. Ese fue el caso de la Asociación de Pediatras Americanos, con sede en Nueva York, que tuvo que admitir que la orientación sexual de quienes ejercen las funciones maternas y paternas no genera ninguna patología en particular.”
Como lo hizo en el ámbito de la ciudad, la CHA pretende que el proyecto ingrese en la Cámara de Diputados con la firma de por lo menos un integrante de todos los partidos que la integran. Y, aunque no anticipan nombres, aseguran que ya están comprometidos los partidos mayoritarios –PJ, UCR, ARI– y “por supuesto los de izquierda”.
¿Por qué se demora entonces la redacción de la ley? Las razones son varias, pero fundamentalmente se pretende crear una herramienta inclusiva que sirva para todos –incluidos los y las heterosexuales– los que consideran que el matrimonio es una institución “demasiado reglada”. Y en esto quieren diferenciarse de la experiencia española: “En nuestro proyecto, la fidelidad, por ejemplo, no es un requisito sino un acuerdo de las partes. Igual que el modo en que se administren los bienes, aunque este punto es uno de los que se ha observado con más cuidado para que al momento de quitar de la sociedad conyugal la imposición de que los bienes adquiridos sean gananciales no se desproteja a ninguna de las partes”. Y es en estos detalles, tanto como en la denominación de las partes –obviamente ya no se puede hablar de maridos y esposas– en los que está trabajando la jueza Graciela Medina, la misma que tuvo a cargo la redacción de Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires. La de la CHA, sin embargo, no es la única estrategia que está moviendo fichas en el tablero de las nuevas familias. La Coalición Nacional por la Unión Civil, que reúne a más de 30 agrupaciones en todo el país y en la que participa Las Fulanas, con María Rachid a la cabeza, se ha propuesto apoyar “cualquier proyecto que impulse en todo el territorio nacional la legalización de las parejas del mismo sexo”, aunque no contemplen el derecho a adoptar, como es el caso que la diputada del ARI Laura Musa viene tratando de impulsar hace cuatro años. “Si sale primero ese proyecto igual lo vamos a considerar un paso adelante que nos permite pensar en seguir trabajando para conseguir el derecho a la adopción, la herencia y a ser reconocidas como familia”, dice Rachid quien, mientras busca junto con su pareja mujer un embarazo por fertilización asistida, planea otra movida: “Utilizar la vía judicial para que podamos tener la patria potestad compartida de nuestro hijo o hija. Así fue como se empezaron a formar las primeras familias en Estados Unidos”.