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La Argentina, como una empresa que haya sido mal operada durante años, tiene actualmente, según su balance contable, un patrimonio neto negativo de 387.512 millones de pesos. La cifra corresponde al último día de 2003. Esto significa que el país –no su sector privado, sus ciudadanos, sus empresas y sociedades civiles, sino su sector público, en este caso el nacional, sin incluir las provincias ni los municipios, que posee los bienes comunes a todos– tiene más en el pasivo que en el activo. Todo aquello con lo que cuenta no llega a equiparar lo que debe. Esta es la foto. Para ver la película es necesario remitirse a los balances anteriores, y cuando se toma el de cierre de 2002 puede comprobarse que el año pasado la negatividad del patrimonio neto se profundizó, creciendo en unos 26 mil millones.
Cuando algo así ocurre con una compañía privada, la conclusión es obvia: la empresa viene dando pérdidas, y continuó haciéndolo en el 2003. Pero un país no es una sociedad comercial con fines de lucro. Carece de un cuadro de pérdidas y ganancias. Sin embargo, sólo cambia la manera de llamar las cosas. Los términos utilizados son superávit y déficit, lo mismo que en un club o una asociación. Al iniciarse el 2003, la Argentina arrancó con un patrimonio bajo cero de 361.832 millones de pesos, pero cuando empezó el 2004 su rojo ya descendía a los mencionados 387,5 mil millones.
¿Siempre estuvo el Estado nacional, con su haber y su debe, tan en la lona? Mal viene hace rato, pero, como puede adivinarse, el gran desastre se transparentó con el colapso de la convertibilidad. El último día de 2001, cuando aún imperaba, teóricamente, el 1 a 1, el patrimonio nacional había ya decrecido a 79.848 millones de pesos bajo tierra. Pero esto significa que, desde entonces, el saldo negativo se multiplicó casi por cinco.
La principal razón es casi obvia: el pasivo explotó, tanto por la deuda externa en dólares, que trepó violentamente con la drástica devaluación del peso, como por los nuevos pasivos que el Estado contrajo para ahorrarle a algunos sectores (deudores, depositantes) parte de o todo el daño patrimonial que les causaba la crisis del régimen. El balance de la Nación Argentina muestra, en números claros, cuánto pagó el patrimonio común de la sociedad por ese auxilio prestado a algunos de sus miembros. No es asombroso entonces que otros, no vinculados al sistema financiero, como los pobres y los indigentes, tuviesen que pagar la cuenta.
Cuando la Alianza asumió, a fines de 1999, el menemismo le dejó una Administración Nacional en rojo por $ 73.647 millones. El cataclismo se gestaba ya inconteniblemente. El resultado de 1998 había sido ya un déficit cerca de 15 mil millones. Esto no lo dice nadie a su antojo: son los números que proporciona la contabilidad oficial. Es simplemente matemático que cuando crece el pasivo pero no el activo, el patrimonio neto se torna cada vez más negativo. De hecho, la cifra más espectacular del último balance nacional corresponde a la cuenta Total del Pasivo, que registra $ 510.398 millones. No es otra cosa que deudas.
Ahora la mayor perspectiva de mejora en este calamitoso cuadro contable es la reducción de la deuda a través de la quita. Si ello se lograra antes de concluir el año, 2004 pasaría a la historia como un período de enorme superávit por la sencilla razón de que desaparecería una porción sustancial del pasivo. En el balance se reflejaría claramente el menor lastre que pesaría sobre las posibilidades futuras de esta empresa común. De todas formas, también es cierto que en esta clase de balances, el cómputo de los pasivos es más claro e inobjetable que el de algunos activos.
El esquema se parece mucho al estado contable de cualquier firma privada. En Disponibilidades, por ejemplo, están las cuentas bancarias y las cajas chicas, sumando al finalizar 2003 casi $ 3500 millones. Salvo que la cuenta estuviera mal hecha, el número no puede discutirse. Son saldos transparentes. Pero la certeza se esfuma en los restantes activos. Por ejemplo, respecto de los Bienes de Uso. El primer problema es qué incluir en ese rubro. El segundo, no menor, es cómo valuarlos.
El Gobierno de la Ciudad, que está tratando de tener también su balance, debe decidir, por ejemplo, cómo valuar una calle, una plaza o la estatua ecuestre del general San Martín. Todos esos bienes son inalienables, y carecen por tanto de un valor venal. ¿Tiene sentido valuar más un metro cuadrado de Plaza San Martín que otro en Parque Avellaneda? Además, ¿una plaza se amortiza? En cierto sentido sí, pero en otro no, aunque le pasen por encima tres manifestaciones.
Los más importantes activos que posee la Nación corresponden a los llamados “bienes públicos”, que el Código Civil no define sino enumera, incluyendo en ellos los mares territoriales, los interiores, puertos, ríos, arroyos, las playas y las riberas, los lagos navegables y sus lechos, las islas del mar territorial, las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común, los documentos oficiales de los poderes del estado, las ruinas, los yacimientos arqueológicos, y otros semejantes.
Otros activos públicos fundamentales, como las riquezas del subsuelo, fueron transferidos a las provincias y no aparecen en el balance nacional. La idea fue, hacia 1992, que cada estado subnacional también tuviese su contabilidad, con criterios homogéneos, para poder alguna vez contar con un balance consolidado de la Argentina, aspiración que sigue pendiente, a pesar del interés de algunos distritos, como el de Salta, que contrató el asesoramiento de la consultora Price. Curiosamente, la provincia de Buenos Aires no parece haber avanzado mucho.
La cuestión no es trivial, dado que los estados presupuestarios son como una contabilidad de partida simple, que muestra variaciones en los rubros, pero no puede explicar ni justificar cada una de ellas. En cambio, el balance por partida doble es una mejor herramienta de información y control, porque cada movimiento debe tener una contrapartida, traducida en un asiento. Si el Estado vende algo, debe aparecer a cambio de qué lo ha hecho, y esto, al menos en teoría, permite rastrear errores o fraudes.
Otro signo clave es que un buen balance nacional, que compila todos los activos estatales y el patrimonio neto del sector público, puede servir como medición del grado de socialización de la economía. Cuantos más bienes públicos (o privados en poder del Estado) existan, en relación con los bienes particulares, más importante será proporcionalmente la riqueza compartida por toda la sociedad. Comparando el balance de la Argentina con el de otras naciones se puede entonces ver, si se utilizan criterios homogéneos, cuán social o cuán privada es esta República.
A veces son razones políticas las que explican la omisión de ciertos activos importantes. En Cuentas a Cobrar, por ejemplo, deberían incluirse los impuestos devengados, estimando al menos cuánto se recaudará en el corto y mediano plazo por esa deuda contraída por el sector privado con el Estado. Sin embargo, es un cálculo peligroso para los gobernantes. Si en la Ciudad se estimara, en base a los datos catastrales, las valuaciones y las alícuotas, podría preverse la cifra a recaudar por Inmobiliario y ABL. Pero luego, el contraste con lo efectivamente recaudado tal vez mostraseuna magra efectividad de la Dirección de Rentas. Los gobernantes prefieren, por ello, predecir presupuestariamente cuánto embolsarán por esas tasas, sin ligar ese número a la magnitud potencial, para no transparentar el grado de incumplimiento.
El balance de la Nación es, además de interesante, bastante divertido. Hay números que incluso parecen un chiste, aunque probablemente sean muy serios. Dentro de los Bienes de Uso hay una cuenta Inmuebles, donde están los innumerables edificios que posee la Nación, empezando por la Casa Rosada –que, se recordará, Adolfo Rodríguez Sáa quería hipotecar–. El rubro, afortunadamente, gozó de un crecimiento en el 2003, pero éste fue de apenas 192 mil pesos, que pueden corresponder a algunas mínimas instalaciones sanitarias junto a ciertos pasillos perdidos de un ministerio. Otras significativas mejores no existieron por el momento, según los contadores de la República.