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Israel aprobó ayer por 59 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones, una de las leyes más polémicas y controvertidas de su historia, que hará posible su retirada de la Franja de Gaza el próximo mes de julio. La aprobación de la ley contempla el desmantelamiento de los 21 asentamientos de la zona y otros cuatro en Cisjordania y en él se establecen compensaciones millonarias para los más de 8000 colonos, que recibirán unos 300.000 dólares por familia. El fin de este debate parlamentario amenaza con crispar aún más los ánimos de la extrema derecha y del movimiento colono, que desde hace semanas han iniciado una campaña de movilizaciones y protestas por todo el país.
Tras dos días de discusiones, el Parlamento de Jerusalén dio ayer luz verde a la ley de “Aplicación de Desconexión-Evacuación-Indemnización”, la pieza jurídica clave que permitirá al primer ministro Ariel Sharon llevar a cabo sus planes de retirada de la Franja de Gaza, lo que supone poner fin a una ocupación que ha durado más de tres décadas y que se inició en 1967. La ley contó con el apoyo de sólo una parte de los 38 diputados del Likud, ya que 13 votaron en contra del proyecto, en un claro desafío y muestra de desobediencia hacia su jefe de filas. El proyecto de Sharon contó, sin embargo, con el apoyo de los diputados laboristas y del movimiento laico Shinui. Votaron en contra la mayoría de las formaciones ultraortodoxas, así como el Partido Nacionalista Religioso, la plataforma en la que milita la totalidad de los colonos.
La ley contempla un importante paquete de medidas económicas, en las que se establecen de manera detallada las compensaciones a los colonos, por la pérdida de su casa y de su puesto de trabajo, al tiempo que se le señalan una serie de ayudas para proceder a su reinstalación. Según cálculos globales, las compensaciones medias para cada familia de colonos es aproximadamente de 300.000 euros, que podrá incrementarse hasta un 20% si la familia desalojada opta por trasladar su vivienda a la zona del Neguev o de la Galilea, cuya colonización el gobierno de Ariel Sharon trata de promover, para frenar así la mayoría árabe. El costo total de la operación según esta ley es de unos 705 millones de euros.
El cuerpo legal de la ley dedica una parte importante para modificar el código penal y castigar con duras penas de prisión a aquellos colonos que se opongan a ser desalojados. Por ejemplo, la ley asegura que serán condenados a dos años de cárcel aquellos israelíes que entren en la zona una vez que quede cerrada y dispuesta para la evacuación. Los residentes en Gaza y que permanezcan en ella tras ser desalojados podrán ser castigados con seis meses de cárcel. Incluso se prevén arrestos para los menores que se resistan, lo que se llevará a término junto con sus familiares.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.