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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

Pocos creen en la convocatoria al diálogo nacional de Carlos Mesa. La mayoría apuesta que se tratará de un nuevo “diálogo de sordos” –como los intentos anteriores–, en un clima político-social cada vez más polarizado. Luego del hermético silencio mantenido durante cinco días y en medio de una creciente incertidumbre, el mandatario boliviano apareció en las pantallas de televisión en la noche del martes para anunciar que no promulgaba la ley de hidrocarburos. “Creo que la unidad de Bolivia hoy está en serio riesgo”, advirtió el ex periodista, que convocó para el lunes 16 a un incierto “Encuentro por la unidad de Bolivia”. Aún no está confirmada la presencia del líder opositor Evo Morales, quien criticó con dureza a los invitados a la cita y condicionó su participación a que sean convocados al encuentro sus socios del “pacto de unidad” con la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones campesinas.
“Este será un encuentro de los neoliberales, aquellos que vendieron el país. El presidente hizo una jugada inteligente, al pasar el problema nuevamente al Congreso, para que las protestas sociales se dirijan hacia los parlamentarios y no al Ejecutivo. El lunes de la próxima semana saldrá la marcha por la unidad nacional desde Caracollo y en busca de cambios en favor del país en la ley de hidrocarburos. Carlos Mesa es el responsable de la crisis que enfrenta Bolivia”, subrayó Evo Morales. Mesa se negó a promulgar la norma aprobada por el Parlamento, resultado de más de diez meses de discusiones y cuya redacción final –una versión “centrista” de la aprobada originalmente por los diputados– ha motivado críticas de los movimientos sociales pero, sobre todo, de las empresas petroleras y los organismos financieros internacionales que la consideran “confiscatoria” –por aumentar al 50 por ciento la suma de impuestos y regalías– y “violatoria de la seguridad jurídica”, por alterar los contratos vigentes. Al crispado debate hidrocarburífero –que amenaza con revivir a los sectores radicales del movimiento social– se suman las demandas autonomistas de Santa Cruz de la Sierra, cuyo comité cívico coquetea con la idea de convocar a un referéndum autonómico de facto si la consulta no es aprobada en el Parlamento, donde enfrenta numerosos rechazos. “Si no lo quiere hacer el Parlamento, aunque es su obligación (porque fue avalado por 500.000 firmas), nosotros lo vamos a llevar adelante”, advirtió el presidente del Comité Cívico cruceño, Germán Antelo, mientras el Comité Cívico Femenino y los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista permanecen “en vigilia” a la espera de una respuesta positiva del Congreso El Comité cívico santacruceño no participará del encuentro del lunes, porque –señaló Antelo– la autonomía ya se discutió antes.
Mesa convocó a un diálogo de unidad con “cuatro puntos muy concretos” en la agenda: ley de hidrocarburos, elección de prefectos (gobernadores), referéndum por las autonomías y asamblea constituyente. Los invitados –que incluyen a representantes de organizaciones políticas, empresariales, cívicas, sociales y sindicales del país– suman más de 70, a lo que se suma el riesgo de “diluir” la discusión de la ley de hidrocarburos en una complicada agenda de temas que están dividiendo al país entre Oriente y Occidente, lo cual echa un manto de dudas sobre la eficacia de la convocatoria presidencial. Adicionalmente, se cuestiona que hayan invitado de observadores a la COB, la central campesina CSUTCB, la Iglesia, el defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos.
“Al ser rebasado por los acontecimientos, Mesa nuevamente está huyendo hacia adelante”, dice el ex vocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte. “Es como si el presidente hubiera metido la ley en un sombrero y luego hubiera sacado un conejo”, graficó el empresario y “presidenciable” Samuel Doria Medina, en referencia a los ases bajo la manga que Mesa saca cada vez que llega el momento de definir la legislación petrolera, eje de la actual agenda nacional. El mandatario presentó su renuncia al cargo y, posteriormente, una ley interpretativa al Parlamento para adelantar las elecciones, antes que aprobar una ley “rechazada por la comunidad internacional”. Si bien se prevé que la mayoría de los sectores concurrirá a la reunión –para no pagar el costo político de “rechazar el diálogo”–, muchos han expresado que son elevadas las probabilidades de fracaso, dada la intransigencia de las posiciones.
Los analistas políticos se muestran igualmente escépticos ante esta nueva iniciativa presidencial, a la que consideran extemporánea. “Tengo mis dudas de que (Mesa) esté operando políticamente y que sea su mejor movida, porque las posiciones están cada vez más confrontadas. La convocatoria hubiera sido beneficiosa, pero en otro momento”, opina Alvaro García Linera. En tanto que la politóloga Jimena Costa advirtió que “la polarización continuará, porque la pugna va más allá de la ley de hidrocarburos; la actual pelea es por copar espacios de poder político a través del debilitamiento de la institucionalidad”.