[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Parece un efecto dominó. El Partido Trabalhista Brasileño (PTB) decidió ayer entregar sus cargos gubernamentales y apoyar a su líder, Roberto Jefferson, que denunció coimas pagadas por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), aunque aseguró que sigue integrando la base de apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las acusaciones fueron negadas rotundamente por el PT. A su vez, Lula pidió acelerar una reforma política. Se abrió el juicio de destitución contra Jefferson, quien amenazó con “abrir una cajita de maldades”.
Jefferson, implicado por denuncias en la prensa de favorecer esquemas de corrupción en los Correos y el IRB, reaccionó acusando al PT de haber pagado coimas a varios diputados para asegurarse su lealtad en el Congreso. El jefe de la bancada parlamentaria del PTB, José Múcio Monteiro, dijo que instará a sus compañeros a renunciar a sus cargos en el gobierno. La decisión se adoptó durante una reunión de la bancada legislativa del partido y será acatada en todos los niveles, incluyendo el ministro de Turismo, Walfrido Mares Guia, único representante del PTB en el gabinete de Lula. También serán puestos a disposición del presidente la representación del gobierno en la Cámara alta, ocupada por el senador Fernando Bezerra, así como los puestos que le quedan al PTB en varias directorias estatales, tras la dimisión de las planas mayores de los Correos y del Instituto Brasileño de Reaseguros (IRB). El senador Bezerra dijo que causaron malestar las declaraciones del ministro de Ciudades, Olivio Dutra, quien dijo que en la actual crisis política el PT estaba pagando el precio de haberse rodeado de “malas compañías”, en referencia a las alianzas que Lula tuvo que realizar para gobernar. Bezerra indicó, sin embargo, que si Lula le pedía continuar en su cargo, estaba dispuesto a hacerlo.
En la reunión también se dio un apoyo explícito a Jefferson. “Reventó un tumor que estaba en esta Cámara”, afirmó Múcio Monteiro. La bancada del PTB en la Cámara asegura que sigue formando parte de la base de apoyo a Lula, aunque los senadores dijeron que salían del bloque oficialista (sin romper el apoyo político) para tener derecho a nombrar un representante propio en la comisión parlamentaria de investigación (CPI) que tratará el caso Correos. El Consejo de Etica y Decoro Parlamentario de la Cámara abrió un proceso disciplinario contra Jefferson, a pedido del Partido Liberal, que lidera el vicepresidente del país, José Alencar, a cuyos diputados Jefferson incluyó entre los supuestos beneficiados por el PT en el gobierno. El Partido Liberal justificó su pedido en el hecho de que hasta ahora no ha aportado una sola prueba de sus declaraciones.
“El PT no participa de compra de votos de diputados ni apoyo de diputados”, declaró el tesorero del partido, Delubio Soares, tras la reunión de urgencia del ejecutivo de la agrupación. El oficialismo anunció que apoyará todas las investigaciones sobre el caso y también otras relacionadas con denuncias de corrupción que salpican a Jefferson.
Desde que aparecieron sus denuncias, Jefferson no ha hecho declaraciones y está recluido en su apartamento de Brasilia, donde según reporteros que hacen guardia frente al edificio, ayer se le escuchó cantar ópera a viva voz durante buena parte del día. Por medio de asesores, el diputado aseguró que mantendrá ese silencio hasta que sea convocado para declarar en el Congreso. Jefferson, quien se define como “un hombre-bomba”, mandó un mensaje por medio de dirigentes de su partido diciendo que tiene guardada “una cajita de maldades” en la que dice atesorar las pruebas que los sectores políticos le reclaman.
Lula ordenó acelerar una reforma política para terminar con los frenéticos cambios de partidos por parte de congresistas y definir la financiación de las campañas electorales. La reforma política, tramitada ya en el Congreso, debe introducir cambios en el sistema electoral, estableciendo por ejemplo la financiación pública de las campañas y la obligación de listas cerradas que impedirían que los candidatos electos hagan campaña en su nombre personal y luego cambien de partido. Esos cambios, que en Brasilocurren con gran facilidad, suelen hacerse para integrarse a la base de gobierno, beneficiándose así de la proximidad del poder.