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Por Mabel Azcui *
Desde La Paz

Fue casi un día de tregua en La Paz, a pesar de los temores de una guerra civil expresado por el dimitente mandatario boliviano, Carlos Mesa, y que ahora preocupan a la ciudadanía. Aun cuando se registraron manifestaciones de numerosos grupos indígenas, de campesinos, maestros, universitarios y hasta de choferes del transporte público, éstas fueron silenciosas, en comparación con las ensordecedoras detonaciones de dinamita y de los intermitentes disparos de gases lacrimógenos que el martes sembraron el caos en las calles del centro de La Paz y amedrentaron a los ciudadanos.
Sin embargo, la aparente calma en las calles no ha servido para solucionar los problemas de abastecimiento que empiezan a ser la pesadilla de las autoridades de los municipios de La Paz y El Alto, que llevan paralizados 22 días. La falta de gasolina amenaza con parar los últimos vehículos destinados a los servicios de urgencias de la policía, así como a los hospitales y otros servicios. El corte de las conducciones de suministro de gas natural afectará principalmente a los centros médicos públicos, que afrontan ya una crítica situación porque se están agotando los alimentos para los enfermos.
Del mismo modo, los internos de la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el páramo altiplánico de La Paz, agotaban ayer sus últimas reservas de alimentos. Las autoridades del Ministerio del Interior expresaron ayer su preocupación por la amenaza que puede implicar la falta de alimentos. El mismo problema se afronta en todos los hogares, especialmente en las periferias de La Paz y El Alto. Muchas familias no tienen ni un bocado de pan que llevarse a la boca, ya que sus ingresos son diarios y llevan 22 días con poco trabajo o ventas exiguas. Para colmo, los precios se han vuelto prohibitivos. Los manifestantes, llegados de lugares alejados de La Paz, afrontan el mismo problema. Se les están acabando las provisiones y, además, tienen que combatir el frío y el cansancio que acumulan de las marchas forzadas hacia la capital.
El alcalde de El Alto, José Luis Paredes, hizo un llamado a los dirigentes de las Juntas Vecinales de esa ciudad, así como a los líderes sindicales, para que, en un acto de humanidad “que se da aun en las peores guerras”, levanten los bloqueos por un corto tiempo para que los habitantes consigan alimentos y carburante. “El servicio de recolección de basura está suspendido desde el jueves pasado y a las zonas alejadas no llegan los distribuidores de agua a causa de los bloqueos”, dijo Paredes, quien pidió una tregua para poder atender a los habitantes más necesitados de esa ciudad dormitorio, situada a unos 14 kilómetros del centro de La Paz y que cuenta con los índices de mayor pobreza en el país.
En La Paz, hombres y mujeres vestidos con ropa informal y zapatos deportivos tienen que efectuar largas caminatas para poder llegar a sus puestos de trabajo o, simplemente, para poder encontrar los productos más esenciales. Lo mismo hacen los vecinos de El Alto, empleados en el centro de La Paz, que descienden con agilidad por las empinadas calles, algunas trazadas con escalones, para poder acortar el camino. “Estoy caminando ya dos horas y aún me falta una más para llegar al centro”, explicaba el obispo de El Alto, Jesús Juárez, que se dirigía a una reunión con uno de los sectores en conflicto. Como él, los obispos de ambas diócesis cubren a pie grandes distancias para tender puentes, en la esperanza de poder encontrar un diálogo para sacar al país de la amenaza de enfrentamientos. Esta amenaza ha llevado a varias legaciones diplomáticas, entre ellas de Estados Unidos, Argentina e Israel, a programar una rápida salida de sus conciudadanos de Bolivia. El embajador de España, Francisco Montalbán, informó que el plan de evacuación no se ha activado pues, a pesar de las incomodidades y el enrarecido ambiente político, no existe riesgo físicopara los españoles afincados en Bolivia. “Hemos estado trabajando para ponerlo en práctica, si se da una crisis absoluta,”, dijo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.