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Un juez federal debería decidir hoy si envía durante cuatro meses a la cárcel y multa a dos periodistas que se niegan a cooperar con un gran jurado que investiga una filtración. La filtración, que procedió de las altas esferas del gobierno, llevó a identificar por su nombre a una mujer, Valerie Plame, que era agente secreto de la CIA. Uno de los elementos más desconcertantes del caso es que nadie sabe si el periodista que escribió el artículo en el origen del caso, Robert Novak, ha sido citado a declarar, porque ni él ni el gran jurado ni el juez lo han revelado, aunque todo parece indicar que así ha sido y que se mantiene en secreto. Y la paradoja es que ninguno de los dos periodistas amenazados tuvo que ver, en origen, con la publicación de lo filtrado, que el semanario Newsweek ha atribuido a Karl Rove, principal asesor político del presidente Bush. Mientras tanto, Valerie Plame se incorporó a su puesto en la Agencia hace cinco semanas, después de un año sabático, según reveló su marido, el diplomático Joseph Wilson, a The New York Times.
Los periodistas, Judith Miller, de The New York Times, y Matt Cooper, de la revista Time, han pedido al juez, Thomas Hogan, la posibilidad de cumplir arresto domiciliario o, en el peor de los casos, ir a determinados centros. Las dos situaciones son distintas: Cooper escribió sobre el objeto de la investigación; Miller nunca lo hizo, se limitó a hacer algunas preguntas. La periodista dijo que le ocurra lo que le ocurra, no hablará de sus fuentes. Cooper dijo lo mismo, pero la revista Time entregó la semana pasada notas y documentos a los investigadores en los que, según el periodista, se revela la identidad de las fuentes y lo que le dijeron. A la vista de esta información, que la revista explica diciendo que “cumplir la ley está por encima del compromiso de confidencialidad”, el juez tomará su decisión. Hogan consideró el pasado año que Miller y Cooper incurrían en desacato al no querer revelar sus fuentes; los periodistas recurrieron en dos ocasiones, sin éxito. El lunes de la pasada semana, el Tribunal Supremo rechazó hacerse cargo del caso, con lo que dejó todo en manos del juez.
Hace dos años, el 14 de julio de 2003, el columnista conservador Robert Novak descubrió en The Washington Post la identidad de Valerie Plame, agente de la CIA y casada con el diplomático Joseph Wilson. Wilson pensó que alguien de la Casa Blanca se lo había dicho a Novak con la intención de vengarse de él, porque había denunciado públicamente unos días antes, en un artículo publicado en The New York Times, que el gobierno había ocultado su informe –en una misión que le encargó la CIA– sobre la inexistencia de pruebas de que el régimen de Saddam Hussein había intentado conseguir uranio en Níger.
El caso tiene importancia porque pone de nuevo en primer plano la tensión entre el poder y la prensa a la hora de revelar las fuentes de una información: en 49 estados, incluido el distrito de Columbia, hay leyes que respaldan a los periodistas cuando no descubren sus fuentes, pero esas leyes no cubren la instancia federal. Pero la vertiente política es más notable: revelar la identidad de un agente secreto es un delito federal que puede estar castigado hasta con diez años de cárcel. El fiscal especial del caso, Patrick Fitzgerald, en sintonía republicana, es el principal motor de la ofensiva contra los periodistas. Desde el comienzo ha mantenido una postura intransigente en cuanto al argumento del secreto de las fuentes: “Los periodistas no están autorizados a prometer confidencialidad completa, nadie en América lo está”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.