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Los grupos de interés progresistas y conservadores están dispuestos a gastar hasta 100 millones de dólares para influenciar sobre la opinión pública en la batalla por el sucesor de la jueza de la Corte Suprema Sandra Day O’Connor. Este monto, que compite con las sumas que financiaron las elecciones más caras del Senado, es una muestra de las pasiones que provoca una lucha que ha impactado en Washington y cuyo resultado podría establecer la inclinación ideológica del alto tribunal de EE.UU. por una generación.
Es probable que otros dos jueces, incluyendo el jefe de justicia enfermo William Rehnquist, se retiren durante los próximos dos años. Pero el de O’Connor fue el crítico voto oscilante en una Corte cuyos nueve miembros a menudo se dividen 5 a 4. Su reemplazo representa, por lo tanto, la decisión nacional más importante que está por tomar el presidente Bush durante sus ocho años en el cargo. Bush indicó que no va a anunciar a un nominado hasta que vuelva de la cumbre del G-8 en Escocia (ver página 18), pero en los Estados Unidos culturalmente polarizados de hoy, la derecha y la izquierda han estado en guerra no declarada por meses. Publicidades que podrían pertenecer a las campañas políticas más acérrimas proliferan en los canales de cable, mientras que los grupos de interés han establecido bunkers semejantes a los de las campañas presidenciales.
El gasto ha estado enfocado hacia el Senado, cuyos 100 miembros votarán a algún nominado. Un grupo de derecha, Progreso para Estados Unidos, planea invertir 18 millones en publicidad televisiva, y los analistas dicen que el gasto seguramente va a alcanzar los 50 millones y podría acercarse al doble si Bush elige a un nominado especialmente cuestionado. Los mecanismos son los de una campaña política. Grupos de derecha, que instan al presidente a que elija a un candidato conservador que se oponga, por ejemplo, al aborto, concentran su poder de fuego sobre los senadores demócratas que se postulan para la reelección en 2006 en estados que votaron por los republicanos en los comicios presidenciales de 2004.
Su contrapartida progresista, una coalición que va desde los sindicatos y los abogados penalistas a los grupos gay, pro aborto y de derechos humanos, está haciendo lo opuesto, apuntando a los senadores republicanos, muchos de ellos moderados de todas maneras, que deben luchar por la reelección en estados donde ganó John Kerry en noviembre pasado. El mensaje de los grupos no podría ser más claro. El senador en cuestión debe votar como ellos quieren o se arriesga a enfrentarse a un gasto aún mayor cuando aparezcan para la reelección el año que viene.
Bush prometió “consultar” a los demócratas claves del Senado, pero casi todos esperan que elija a un conservador. Y ya identificó a Clarence Thomas y Antonin Scalia, los dos miembros más conservadores de la actual corte, como modelos de sus propios nominados eventuales.

* De The Independent de Gran Bretaña, especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère