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El gobierno de coalición que pretende el presidente Inácio Lula da Silva quizá muera antes de nacer. Uno de los impulsores de la medida, el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en Diputados, José Borba, renunció ayer a su cargo. Asimismo, el presidente del PMDB y siete gobernadores de esa fuerza amenazaron con expulsar a los dirigentes que apoyaron la alianza con Lula a pesar de la decisión del partido. Sin embargo, el gobierno parece decidido a reformar el gabinete ya que informó la inclusión de tres nuevas carteras para el centrista PMDB, que ya sumaría cinco. Mientras tanto, en el Congreso se escuchó la tan esperada declaración del principal sospechoso en el esquema de sobornos, el publicitario Marcos Valerio, que agregó poco.
En una de las sesiones más esperadas de la Comisión de Investigación Mixta de la Cámara y del Senado (CPI) que investiga el escándalo de corrupción que golpea al gobierno del presidente Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores (PT), el publicitario Marcos Valerio, llamado “el hombre de la maleta”, acusado por Roberto Jefferson de ser el distribuidor del dinero para los sobornos a los diputados, negó todo durante 14 horas. Sus frases más repetidas fueron: “No recuerdo; prefiero no responder; y creo que no”. El hábeas corpus preventivo que le dictó la Corte Suprema de Justicia en la noche del martes le permitió consultar con su abogado cada respuesta y obviar cualquier asunto que pueda incriminarlo, además de garantizarle que no sería detenido tras el interrogatorio. Escudado en ese recurso, Valerio respondió con cuentagotas y monosílabos a los legisladores que investigan el caso.
Según el Consejo de Control de Actividades Financieras (CCAF), en los últimos cinco años pasaron por las cuentas de Valerio 458,9 millones de reales sin origen identificado. A las repetidas preguntas sobre la razón por la que había sacado más de 70 millones de reales, en los dos años anteriores, el acusado rehuyó siempre la respuesta. Cuando comenzó el escándalo había dicho que era para comprar vacas y que los ganaderos querían cobrar en dinero. Ayer dijo que no tenía vacas y que había sido para pagar a sus proveedores aunque no supo explicar, tampoco, por qué estos últimos no querían aceptar cheques.
De algunas de las personas que habían realizado numerosas salidas de dinero en sus cuentas Valerio llegó a decir que no las conocía. Lo que no negó fueron sus estrechas relaciones con el tesorero y misionario del PT, Delubio Soares a quien veía “sólo dos o tres veces por semana”. Una de las pocas cosas que reconoció fue haber avalado un préstamo bancario obtenido por el PT hace dos años, por un valor equivalente hoy a un millón de dólares. “Delubio Soares me pidió ese favor como amigo y consentí”, explicó y afirmó que cuando el PT no pagó una de las cuotas del préstamo, él tuvo que honrar el compromiso con su propio bolsillo –plata que todavía no le devolvieron–, tras lo que anuló su condición de garante ante el banco. También reconoció que se había encontrado varias veces con el ex ministro José Dirceu y con el presidente del PT José Genoino, pero subrayando que no eran amigos suyos. Finalmente, se mostró dispuesto a rescindir todos los contratos si el Congreso los pone en duda: “Soy un hombre muerto. Mi carrera como publicista acabó”, explicó.
“Nunca recibí del señor Marcos Valerio ninguna remuneración ni recursos financieros, limitándose la relación al hecho de que él formaba parte del grupo del PT que ejercía efectiva influencia político-administrativa ante el gobierno federal”, escribió José Borba –considerado ya por algunos como el nuevo Jefferson– en su renuncia. El ahora ex diputado había quedado implicado por la secretaria de Valerio, que según rumores, podría haber recibido dinero por su declaración. Sin embargo, el pedido de expulsión desde su mismo partido tiene otra explicación. El presidente del PMDB, Michel Temer, siete gobernadores de estados y tres ex gobernadores de ese partido propusieron “la inmediata desvinculación del PMDB de todos aquellos que siguen sin cumplir la decisión soberana de la convención” partidaria, que en diciembre pasado se pronunció por la salida del gobierno. Sin embargo, para que la expulsión sea efectiva debe tramitarse primero ante el Supremo Tribunal Electoral.
Mientras Lula no logra encontrar un aliado “limpio”, una nueva denuncia vuelve a poner en tela de juicio si el presidente brasileño conocía los movimientos de dinero que estaba haciendo su partido. Edgar Lange, un agente de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) que investigaba los casos de corrupción en los Correos durante el gobierno anterior, denunció ante la CPI que trata el mismo tema, que el ministro Jorge Félix ordenó suspender su trabajo porque lo estaba llevando hacia la Dirección de Tecnología de la empresa estatal. El director de ese sector de los Correos, Eduardo Medeiros, pertenece al Partido de los Trabajadores (PT) y fue propuesto para el cargo por el secretario general de ese partido, Silvio Pereira, que recientemente renunció acusado por la denuncias de corrupción. Según el superior de Lange, la orden de suspender la investigación había sido dada por el ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Jorge Félix, que dirige los servicios de seguridad del gobierno y la ABIN. El general Félix responde directamente al presidente Lula.