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Por Marcelo Justo
Desde Londres

Gran Bretaña detuvo a diez extranjeros por considerarlos una amenaza para la seguridad nacional. El Ministerio del Interior señaló que se deportaría a los detenidos a su país de origen, pero se negó a proporcionar sus nombres. El titular de la cartera, Charles Clarke, defendió la medida diciendo que era imperativo actuar de esta manera ante la nueva situación de inseguridad creada por los atentados de julio. “Las circunstancias han cambiado y es indispensable que actuemos así contra los que nos amenazan”, dijo Clarke.
Según informó la BBC, el clérigo jordano Abu Qatada, considerado por muchos el “embajador” de Al Qaida en Europa, se encuentra entre los detenidos. El clérigo está acusado de ser el ideólogo de terroristas como Mohammed Atta, líder de los atentados del 11 de septiembre, y Richard Reid, un jamaiquino naturalizado británico que intentó volar un avión con explosivos ocultos en su zapato a fines del 2001. Abu Qatada estuvo casi tres años preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarch, en el sur de Londres, sin que se le formularan cargos. Una dura resolución de la máxima instancia judicial del Reino, la Cámara de los Lores, obligó este año al gobierno a poner en libertad a muchos de los extranjeros detenidos bajo la ley antiterrorista y a dejar bajo arresto domiciliario a otros, entre ellos a Abu Qatada.
Charles Clarke señaló que se está negociando desde hace meses con Jordania, Egipto, Arabia Saudita y otras naciones para obtener garantías de que se respetarán los derechos humanos de los deportados. “Hemos recibido suficientes garantías de que no serán sometidos a tortura o maltrato en sus países de origen”, indicó Clarke. Pero grupos de derechos humanos, como Liberty y Amnistía Internacional, indicaron que esas garantías no tenían mucha credibilidad. “Se necesita algo más que un papel para convencerme de que países como Jordania y otros gobiernos del norte de Africa y el Medio Oriente garantizan los derechos humanos”, indicó la directora de Liberty, Shami Chakrabarti.
En el convulsionado contexto pos-atentados de julio, el anuncio dividió las aguas políticas. El principal partido de oposición, el Conservador, apoyó el anuncio gubernamental, pero el Liberal Demócrata indicó que preferiría que los detenidos fueran enjuiciados en Gran Bretaña antes de que en su país de origen. Más sorprendente aún, uno de los grupos más representativos de los musulmanes británicos, el moderado Consejo Británico Musulmán, apoyó la medida. “Si son una amenaza, está bien que se los deporte”, señaló su portavoz, Abdul Jalil Sajid.
Las diez detenciones de extranjeros y su posible deportación son la primera manifestación concreta de las medidas antiterroristas anunciadas el viernes pasado por Tony Blair. El primer ministro señaló que “la incitación o justificación de la violencia para la realización de los ideales personales” y la “promoción del odio” serían motivos para deportar a extranjeros residentes en el Reino Unido. Las mayores objeciones para los planes del primer ministro provendrán de la Convención Europea de Derechos Humanos. En los tribunales se terminará decidiendo si las garantías que el Reino Unido obtenga de otros países sobre el tratamiento de los deportados bastan para garantizar sus derechos humanos. El viernes pasado, Blair aseguró que estaba dispuesto a renegociar la adherencia británica a la Convención para garantizar la seguridad del Reino. Todo esto ocurre en un contexto de paranoia generalizada. Anteayer, James Hart, comisario responsable de la vigilancia del centro financiero de Londres, advirtió que “el atentado contra la City es sólo cuestión de tiempo. Cada grupo terrorista observa antes su blanco. No hay duda de que hemos estado bajo observación y que este tipo de acciones fueron frustradas con éxito”.