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En las primeras imágenes se ve a un relajado Saddam Hussein saludando a la gente sin excesivas medidas de seguridad. Unos planos después, su gesto se ha vuelto adusto e interroga a dos jóvenes agarrados por sus guardaespaldas. Entretanto, ha habido un tiroteo que no registran las cámaras. Varios activistas chiítas de Al Dawa han intentado asesinarlo. Es julio de 1982. En los meses siguientes, el pueblo de Al Dujail, 60 kilómetros al norte de Bagdad, va a pagar con 143 muertos. Saddam se sienta en el banquillo por ese crimen.
Lo juzga la sala primera del Tribunal Especial establecido por las autoridades de ocupación en diciembre de 2003 –su validación por la Asamblea Nacional transitoria aún no ha sido publicado en el boletín oficial del Estado–. Al frente de la sala estarán cinco jueces cuyos nombres se mantienen en secreto por razones de seguridad. Aunque las pruebas han sido preparadas por el equipo de 20 jueces instructores que dirige el magistrado Raad Juhi, las acusaciones serán presentadas por el fiscal jefe. El abogado defensor de Saddam, el iraquí Jalil al Dulaimi, carece de experiencia en la defensa en casos criminales, y mucho menos en casos de crímenes contra la humanidad. Human Rights Watch –HRW–, que ya en su día cuestionó el Tribunal Especial, mostró su inquietud por las condiciones en que va a celebrarse el juicio. “Falta la exigencia de demostrar la culpabilidad más allá de la duda razonable y suficiente protección para los acusados”, alerta esta organización de defensa de los derechos humanos.
Muchos iraquíes ya han condenado de antemano al ex dictador, y no necesariamente por el caso que se juzga. “¿A quién le preocupa? En casa cuando hablan del juicio cambiamos de canal”, asegura una joven chiíta de Al Amarah. “La forma en que lo detuvieron nos hizo perderle el respeto, pero después de dos años ya han tenido tiempo para juzgarlo y ejecutarlo. ¿Qué tienen que probar todavía?”, se pregunta más deseosa de venganza que de justicia. Ese es el temor de muchos sunnitas, que ven motivos políticos en la fecha elegida para el juicio, sólo cuatro días después del referéndum constitucional. “Hace diez días estuve con Jalil y me dijo que no deseaba presentarse ante el tribunal porque se trataba de una mascarada, pero que tenía que hacerlo porque era el deseo de la familia (de Saddam)”, relató recientemente a este diario Ziad al Khasawneh, vicepresidente del Sindicato de Abogados Arabes y hasta el pasado verano coordinador del equipo internacional de defensa del ex dictador, en su despacho de Ammán. “Me contó que le habían entregado 10.000 documentos, pero que no había tenido tiempo de leerlos y le ofrecí nuestra ayuda”, añadió este admirador confeso del ex dictador. “Lo acusan de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, ¿y eligen un pequeño incidente local? No quieren testigos internacionales y ya han tomado la decisión de colgarlo”, se quejaba Al Khasawneh haciéndose eco de un malestar extendido en ciertos círculos árabes. Los funcionarios del Tribunal Especial explican que la matanza de Al Dujail era la causa más fácil y rápida de preparar. Si los jueces lo declaran culpable, puede ser condenado a la pena capital, pero entonces no podrá afrontar el resto de los juicios.
Otros casos que están siendo investigados incluyen mayor número de víctimas, muchos más testigos y una enorme documentación. Entre ellos, destacan el gaseo de los 5000 habitantes de la localidad kurda de Halabya, en marzo de 1988; la guerra contra Irán entre 1980 y 1988, en la que se estima que murieron un millón de personas en ambos lados; la invasión de Kuwait en 1990, y la violenta supresión de la revuelta chiíta que se produjo al año siguiente.
Las medidas de seguridad han sido extremadas en Bagdad, en especial en los accesos al antiguo museo de los regalos, dentro de la Zona Verde, donde se celebrará la vista y donde también se encuentran la sede del gobierno iraquí y la Embajada de Estados Unidos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.