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Fue una observación severa y directa. En boca de la relatora de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Susana Villarán, sonó doblemente grave: Argentina es el único país de Latinoamérica que aplica prisión perpetua a menores de edad, algo que viola los pactos internacionales. Fue uno de los momentos más duros que tuvo que enfrentar el lunes la delegación del Ministerio de Justicia y la Cancillería que viajó a Washington para rendir cuentas ante el organismo por varias demandas en marcha. La comitiva oficial ofreció por primera vez, como principio de una solución, un proyecto de ley que fijaría en 12 años la pena máxima a los menores. También tuvo que dar explicaciones sobre la falta de mejoras de la situación carcelaria en Mendoza y la de los pueblos originarios de Salta.
Las convocatorias de la CIDH a sus audiencias suelen funcionar como un llamado de atención a los países que enfrentan denuncias ante el organismo. La de los menores de edad fue presentada por la actual titular de la defensoría oficial, Stella Maris Martínez, en nombre de cinco chicos presos. Desde 1997 esa pena máxima se aplicó en doce casos pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño lo impide. En abril del año pasado, el Estado argentino fue intimado a encontrar una salida, pero no se había logrado ningún avance. Ahora –como adelantó Página/12– el Gobierno plantea la posibilidad de impulsar una reforma de la ley que ponga una limitación a la pena privativa de la libertad para los menores de 18 años. Es un intento por poner freno a una demanda que amenaza con crecer.
En Washington, Martínez planteó que hace tiempo que se viene hablando de una reforma legal que nunca se concreta. Algunos jóvenes, advirtió, llevan más de diez años presos. Uno de ellos apareció muerto este año en una cárcel de Mendoza. Otro está prácticamente ciego. Para este último, los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos se comprometieron a estudiar una conmutación de la pena. La posible aprobación de un tope podría permitir que los demás recuperen la libertad.
Villarán y Florentín Meléndez, comisionado de la CIDH encargado de Argentina, hicieron las preguntas más filosas. Entre ellas, qué obstáculos impiden llegar a una ley de responsabilidad penal juvenil. Los funcionarios de Cancillería atribuyeron las dificultades a los reclamos de leyes de “mano dura” frente a la inseguridad. Otras voces de la delegación oficial admitieron que ceñir las reformas a un tope de 12 años es insuficiente, pero creen que es la forma de evitar “más daños y más perpetuas”. Ese límite sería uno de los más altos en América latina: en Costa Rica, que tiene el más elevado, es 15 años y en Brasil, la pena más alta es de tres años.
Otro de los frentes con que tuvo que lidiar la Argentina ante la CIDH es el reclamo por la situación en las cárceles mendocinas, donde el año pasado hubo dieciocho muertes y denuncias múltiples de maltrato. El lunes, las autoridades nacionales y provinciales escucharon en la audiencia una fuerte advertencia por el incumplimiento de medidas acordadas, como la puesta en marcha de una comisión de políticas penitenciarias y otra de investigación de las muertes. También se les señaló la falta de acatamiento del fallo de la Corte Interamericana que exigía mejoras sanitarias, programas de resocialización, entre otras cosas.
En nombre de comunidades wichí de Salta, el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió que la CIDH dicte una medida cautelar para suspender un plebiscito convocado por el gobierno provincial para este domingo, que pretende someter a votación si corresponde entregar a los aborígenes unas 600 mil hectáreas que habitan ancestralmente. Ellos piden que les entreguen títulos comunitarios.