Un día después de que más de un millón de personas salieran a la calle en toda Francia contra el CPE, el nuevo contrato que precariza el trabajo de los jóvenes, la suerte de este artilugio laboral con el que el primer ministro Dominique de Villepin creía poder combatir el desempleo entre los jóvenes parece echada. Y tal vez también la del propio Villepin, que en la Asamblea Nacional, en un auténtico lapsus freudiano, dijo que había que esperar a la “dimisión” del Consejo Constitucional sobre el CPE, cuando quería decir “decisión”, para regocijo de los bancos de la oposición y la consternación en sus filas.

El mecanismo para cerrar la crisis política y apaciguar la irritación social que ha generado este contrato para menores de 26 años –que permite el despido sin justificar durante los primeros 24 meses, elaborado sin consultar a los sindicatos, aprobado por el gobierno recurriendo al decreto ley y defendido hasta ahora contra viento y marea por el primer ministro– será probablemente el siguiente: el Consejo Constitucional se pronuncia hoy sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de igualdad de oportunidad –que incluye el CPE– presentado por el Partido Socialista. Si los magistrados dan luz verde al texto –como parece lo más probable–, corresponde al presidente Jacques Chirac firmarlo y que entre en vigor. Pero el artículo 10 de la Constitución de la V República concede al presidente la prerrogativa de devolver las leyes al Parlamento y forzar una “segunda lectura”, lo que abre de par en par las puertas para reformar el texto e incluso para retirar el CPE. Es exactamente lo que pidieron por carta al presidente Chirac las cinco principales centrales sindicales (CGT, FO, CFDT, CFTC y CFE-CGC). Y los gestos del palacio del Elíseo señalan claramente en esta dirección. Si el martes, con los manifestantes en la calle y el país en huelga, Chirac hacía saber que anulaba sus viajes fuera de París porque quería “permanecer cerca del Elíseo”, ayer la presidencia de la República anunciaba que el jefe de Estado se pronunciaría sobre el CPE “en los próximos días”. Por su parte, los ocho sindicatos y las cuatro organizaciones estudiantiles que forman el frente anti CPE, todavía en la nube de euforia del éxito de la movilización del martes, optaron ayer por mantener la presión sobre el gobierno y convocaron para el próximo 4 de abril una nueva jornada de huelgas y manifestaciones. De celebrarse –lo que sucederá si el gobierno no retira antes el CPE–, será la quinta gran movilización contra la reforma laboral del gobierno desde el pasado 7 de febrero, además de incontables manifestaciones y huelgas protagonizadas por los estudiantes. El ministro de Educación, siguiendo órdenes de Villepin, dio ayer instrucciones para que los directores de los institutos vuelvan a abrir todos los centros que están bloqueados por grupos de estudiantes opuestos al CPE. En las universidades la situación permanece estacionaria: casi dos tercios de las 84 siguen en huelga.

Dominique de Villepin, cuya estoica figura empieza a mostrar las huellas del cansancio y cuyo aislamiento es palpable, repitió ayer de nuevo el mismo mantra que en los últimos días: no está dispuesto a retirar la ley, pero sí a negociar aspectos concretos y “mejoras”. Como muestra de su estado de ánimo, llegó la anécdota del lapsus que mejor define su situación. Respondía a las críticas del primer secretario del Partido Socialista (PS) François Hollande, que le pedía de nuevo la retirada del CPE. “Tenemos instituciones republicanas. Debemos respetarlas. Esperemos al Consejo Constitucional, que presente su dimisión mañana”, dijo. Y casi sin pausa rectificó: “Esperemos a que el Consejo Constitucional presente su decisión mañana”. A nadie se le escapó el desliz y las cadenas de televisión lo repitieron una y otra vez. Si cada vez son más las voces críticas contra Villepin en el seno del partido gubernamental, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), también es cierto que sus fieles han salido todos en su defensa. El ministro de Exteriores, Philippe Douste-Blazy, chiraquiano y amigo personal de la familia del presidente, reunió ayer en el Quai d’Orsay a los corresponsales de la prensa extranjera. El primer ministro, dijo, “ha hecho honestamente su trabajo” y no dimitirá. “Cuando leo la prensa extranjera –añadió–, me doy cuenta de que no se trata tanto del CPE como de la incapacidad de Francia de reformarse.”

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.