La corporación militar uruguaya volvió a salir en defensa de los suyos ayer, al intentar presionar al gobierno de Tabaré Vázquez para que no autorice las extradiciones a Chile de tres oficiales acusados de participar en el secuestro y asesinato de un ex agente de la DINA a principios de los ’90. El lobby militar es el último recurso de los tres militares que la semana pasada recibieron la mala noticia de que la Corte Suprema había fallado a favor del pedido de extradición de la Justicia chilena. En el comunicado emitido ayer, los socios del Círculo y del Centro Militar –en total unos 300 militares, la mayoría retirados– afirmaban que las extradiciones comprometerían “la paz pública y la seguridad de la Nación”.

Y continúa: “Esta decisión podría inscribirse en un proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de las Fuerzas Armadas”. Además, argumentan que las bases que sustentan la solicitud para juzgar a los oficiales en Santiago fue construida a partir de información que les enviaron “la Policía Secreta operando en Uruguay y la compra de testigos, falsificación de documentos, alteración de pruebas y presiones a militares uruguayos y sus familias”. Los militares decidieron pedir una entrevista al presidente uruguayo para intentar convencerlo, aunque fuentes oficiales aseguraron ayer que el gobierno ya decidió cumplir con lo resuelto por el máximo tribunal del Poder Judicial.

Si Vázquez no rechaza el fallo, el teniente coronel Eduardo Radaelli, el coronel Wellington Sarli y el coronel retirado Tomás Casella serán juzgados en las cortes chilenas por su presunta participación en el secuestro, en colaboración con oficiales chilenos, del bioquímico chileno Eugenio Berríos, que trabajó dentro de la DINA –la policía secreta del régimen pinochetista– y más tarde se convirtió en uno de los principales testigos en el caso del atentado contra el ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier, en Washington.

En 1991, antes de que lograra testificar, el ex bioquímico de la DINA fue sacado de su país de forma clandestina y llevado a Uruguay. Allí lo mantuvieron en cautiverio en un balneario cercano a Montevideo, en un operativo coordinado por militares uruguayos y chilenos. Berríos logró escapar y denunció ante la policía que lo querían matar. De poco le sirvió. Los policías uruguayos lo devolvieron a sus captores, entre ellos Casella, y no se supo más de él. Cinco años más tarde, su cuerpo apareció baleado en una playa de esa zona.

En Uruguay se realizaron varias investigaciones, pero todo terminó el mes pasado, cuando por segunda vez un juez dio por cerrada la causa. Durante los primeros meses del gobierno del Frente Amplio, el senador de esa coalición, Rafael Michelini, había adelantado a Página/12: “Si la Justicia uruguaya no se pone a tono, firmaremos las extradiciones para que sea en Argentina o en España donde se los juzgue”.