Cuando la Policía Federal detecte un caso de violencia familiar o de abuso sexual, deberá convocar a una “brigada móvil de emergencia”, integrada por un psicólogo y una trabajadora social que, en un plazo no mayor a 20 minutos, deberá estar junto a la víctima para acompañarla y explicarle la importancia de mantener la denuncia contra el agresor. Será así cuando se ponga en práctica el programa “Las víctimas contra la violencia”, creado por el Ministerio del Interior y que estará coordinado por la psicóloga Eva Giberti. El programa incluye un plan de acción contra la explotación sexual de niños y una propuesta para elaborar un proyecto de ley contra la violencia intrafamiliar, que recoja las mejores legislaciones existentes en las provincias.

La propuesta nació a partir de un caso de gran repercusión: el caso del violador de Núñez, que mató a una mujer e hirió a su hija –a la que creyó muerta– después de abusar sexualmente de ambas. “Tanto en este tipo de delitos como en las muertes producidas por accidentes o en casos de violencia familiar, el Estado está ausente y su lugar ha sido ocupado por asociaciones de víctimas”, explican en el Ministerio del Interior para fundamentar el origen de la propuesta.

La coordinación del programa le fue ofrecida a mediados de febrero a Giberti por el ministro Aníbal Fernández. “En esa reunión, incluso, se hizo presente el presidente (Néstor) Kirchner, como una expresión de respaldo al programa”, relató Giberti a Página/12.

La brigada de emergencias actuará en estrecha relación con la Policía Federal. En una primera etapa se instrumentará en la ciudad de Buenos Aires y, a partir de esa experiencia, podrá extenderse al resto del país.

–¿Como actuará esa brigada? –preguntó este diario.

–Cuando una víctima va a la comisaría a hacer la denuncia, inmediatamente debe ser notificada la brigada, de manera que sean los técnicos los que estén en contacto con la mujer –que estadísticamente representa la mayoría de los casos– o de la criatura víctima de violencia. Van a concurrir de urgencia, como si se tratara de una ambulancia. Van a acompañar a las víctimas y les van a explicar la importancia de que mantengan la denuncia, en su rol ciudadano. El objetivo es cambiar el lugar de pasividad de la víctima por el del reclamo y la protesta.

–¿Qué diferencia habrá con las oficinas de atención a la víctima que funcionan en la Policía Federal o en la Procuración?

–El objetivo es diferente. En los centros de atención a la víctima de la policía trabajan profesionales, pero que no hacen una atención de urgencia. Mi programa tendrá vinculación con la policía pero apunta a que las víctimas salgan de una posición exclusiva de pasividad, sostengan la denuncia. Por un lado está la práctica psicoterapéutica y, por otro, la información a la comunidad sobre su derecho a no tolerar la violencia. Esto nos permitirá, por ejemplo, seguir el rastro de los violadores. Para eso es necesario que la víctima se admita, se registre y se reconozca como partícipe necesaria para la Justicia: no sólo es alguien a quien le pasó algo, sino alguien que va a hacer algo necesario y específico al respecto.

La segunda pata del programa, explica Giberti, consiste en la elaboración de un proyecto de ley de violencia intrafamiliar que ampare a las víctimas que en su mayoría, son mujeres, niños, ancianos y discapacitados. “Vamos a consultar a las provincias que tienen legislación específica para conocer su experiencia. También vamos a convocar a especialistas para elaborar un proyecto de ley abarcativa, teniendo en cuenta las que ya existen, que se enviará al Congreso. Una ley nacional tiene que amparar y considerar lo que en las provincias ya existe”, afirmó Giberti.

El tercer eje del programa que conducirá Giberti es de encarar acciones contra la explotación sexual comercial de niños, la mal llamada prostitución infantil. “Es una preocupación del Ministerio del Interior. Aunque muchas veces los niños son víctimas de mafias internacionales, muchas veces se trata de chicos que son entregados para la explotación sexual por sus propias familias, por razones económicas. Y para que esto ocurra, esos chicos son víctimas de maltratadores y golpeadores”, explicó Giberti.

No habla de prostitución infantil sino de explotación sexual comercial, un término que acuñan los defensores de los derechos humanos para erradicar todo indicio de aceptación y dejar en claro que se trata de “la violación de las víctimas, organizada y sistemática, en provecho del explotador”. “Es un delito internacional, asociado a la pobreza extrema, que está a la vista a la salida de muchos hoteles donde nenas de 8 o 10 años se ofrecen o son ofrecidas “, afirmó. Y advirtió que la naturalización del delito, es una de sus aristas más peligrosas.

–¿Será similar al programa que implementa en la ciudad de Buenos Aires el Consejo de los Derechos del Niño?

–Vamos a tomar la experiencia de ese programa, del que yo participé como integrante del Consejo, al que renuncié antes de aceptar este cargo. Este programa apunta a darle difusión al tema para que los chicos aprendan a hacer denuncias y la sociedad tome conciencia. Es que no hay explotación sexual sin clientes.

–¿Qué opinión tiene de la decisión de la Justicia cordobesa de excluir del hogar a 24 hombres acusados de violencia familiar?

–Tendría que conocer el expediente, pero si el juez ha demostrado la peligrosidad de estas persona, está bien que hayan sido separadas de la familia. La exclusión del hogar es una figura jurídica que se aplica cuando hay peligrosidad para la gente sin posibilidad de defenderse. Históricamente, los jueces eran renuentes para decidir una exclusión del hogar, pero actualmente hay una mayor comprensión del peligro que representa mantener en el hogar a la persona violenta.

–¿Hay tratamiento eficaz para una persona violenta?

–Hay tratamientos. Uno de los primeros en trabajar el tema es Jorge Corsi, titular de la Cátedra de Violencia Familiar en la Facultad de Psicología de la UBA. El problema es cuando la persona no está consciente de que su violencia es peligrosa. Entonces el tratamiento es imposible porque no se puede hacer compulsivamente. Hay que tener en cuenta que el problema de la violencia está vinculado con el patriarcado, a través de la historia de la humanidad. Es un comportamiento avalado por las costumbres: históricamente a los hombres se les ha enseñado que tienen derecho a golpear.

–Usted nunca ocupó cargos públicos, ¿por qué aceptó este ofrecimiento?

–Me parece importante que hayan designado para este cargo no a un abogado o a un médico sino a una psicóloga con experiencia de años en este tema, no sólo como académica. Es una decisión política que pone en primer plano este problema como parte de políticas públicas.