Francia contuvo la respiración hasta las 7 y media de la tarde. El Consejo Constitucional debía decidir ayer si el ya explosivo Contrato de Primer Empleo, CPE, era conforme o no a la legislación. La decisión del Consejo cayó como una bomba en un terreno minado: los diez “sabios” del Consejo, guardianes de la legislación y la Constitución, estimaron que no existía motivo alguno para emitir “reservas” acerca de los dos puntos más controvertidos del CPE, primero, el plazo del período de prueba –dos años–, y segundo, el hecho de que, durante ese lapso, las empresas pueden desprenderse del personal sin que estén obligadas a justificar la decisión ni tampoco a pagar indemnizaciones. La institución francesa consideró que el hecho de que el CEP estuviese destinado exclusivamente a los jóvenes de menos de 26 años tampoco violaba el principio de “igualdad ante la ley”. En suma, el pronunciamiento del Consejo Constitucional equivale a un rechazo de los argumentos presentados por los parlamentarios socialistas el pasado 14 de marzo y, por consiguiente, valida la integridad de la ley sobre la “igualdad de las posibilidades” dentro de la cual había sido incluido el CPE.

La decisión ahonda el ya incierto panorama político y social en un país sumido en una crisis de proporciones importantes. El fallo de los sabios tomó por sorpresa tanto a la sociedad como a los analistas más cercanos al gobierno. Casi en su totalidad, Francia esperaba que el Consejo invalidara todo o parte del CPE para ofrecer así una salida “decente” al turbio clima nacional y al mismo jefe de Gobierno, Dominique de Villepin. Ayer a la mañana, en los programas de radio y televisión, muchos observadores apostaban por esa solución seguida de la renuncia de Villepin. El escenario resultó muy distinto. Le corresponde ahora al presidente francés, Jacques Chirac, promulgar la ley. El mandatario, que jugó al hombre invisible a lo largo de estos dos meses de crisis, recién se dirigirá a la nación este viernes. Según trascendió en medios políticos, Chirac promulgará hoy la ley, al tiempo que propondrá una suerte de menú social destinado a abrir un segundo “Grenelle social” con el mundo sindical. Grenelle, en Francia, evoca uno de los grandes momentos de acuerdos sociales cuando, en plena agitación de Mayo del ’68, sindicatos y gobierno firmaron en la sede del Ministerio de Trabajo, situada en la Rue Grenelle, una serie de acuerdos que, entre otras cosas, desembocaron en considerables aumentos salariales.

Al parecer, el antagonismo en el seno del poder ha alcanzado límites incendiarios. Medios de prensa revelaron que el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional amenazaron con renunciar si Jacques Chirac decidía remitir la ley a un nuevo examen parlamentario. Para los sectores comprometidos en la lucha por el retiro del CPE, la decisión del Consejo equivale a una declaración de guerra, tanto más cuanto que ésta ocurre dos días después de las manifestaciones más importantes que Francia haya conocido en la última década. Las 12 organizaciones sindicales y estudiantiles mantuvieron la convocatoria a una nueva jornada de protestas el próximo 4 de abril. François Hollande, primer secretario del Partido Socialista, declaró anoche que Jacques Chirac se exponía “a la prueba de fuerza” si promulgaba la ley. Bernard Thibault, secretario general de la CGT, advirtió que con la promulgación de la ley “se envenenaría la crisis” y que la discusión “estaría trabada antes de comenzar”. Los sindicatos y las organizaciones estudiantiles no están dispuestos a retroceder. La amplitud de las movilizaciones nacionales y los sondeos de opinión –un 83 por ciento de los franceses se pronunció por un retiro o la suspensión del CPE– constituyen fuertes plataformas de legitimidad.

El sistema político, totalmente en manos de la derecha, y la sociedad parecen fieras enfrentadas. El primer ministro inventó a puertas cerradas la crisis actual. Comparado con otras reformas pasadas –jubilaciones, cobertura médica–, el CPE es insignificante en sí mismo, pero la metodología adoptada para su aplicación y la ausencia de toda concertación incrementaron la ruptura entre la sociedad y el Ejecutivo. El gobierno transmite la sensación de navegar en sus propias certezas, incapaz de cortar la insurrección y crear el clima de confianza a fin de montar un diálogo. Ayer, como regalo de acompañamiento a las deliberaciones del Consejo Constitucional, los jóvenes protagonizaron acciones urbanas en todo el país. Estudiantes universitarios y bachilleres cortaron calles, rutas, vías de trenes, acceso a las autorrutas, ocuparon escuelas y tomaron estaciones de trenes. En la estación de Lyon, situada en pleno centro de París, los estudiantes habían bloqueado las vías con tablones. La policía, que esperaba revueltas en los liceos luego de que el Ministerio de Educación diera la orden de abrirlos por la fuerza, se vio enfrentada a decenas de grupos móviles que sembraron un caos indescriptible. Y nadie parece dispuesto a obedecer a un gobierno cuya obstinación es percibida como un signo de que lo único que les importa a sus miembros es la elección presidencial del año que viene y no la gestión de la sociedad.