Sorpresas te da la vida. Al segundo día de haber estrenado formalmente su candidatura a la presidencia, Geraldo Alckmin, socialdemócrata y principal rival del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, fue citado ayer por la prensa como sospechoso de maniobras dolosas durante sus dos mandatos al frente del estado de San Pablo. En su tapa, el diario O Globo de Río de Janeiro anuncia como inminente la apertura de “Comisiones parlamentarias de investigación contra Alckmin”. Según ese matutino la “Asamblea Legislativa paulista se apresta a desencajonar parte de los 69 casos bajo sospecha de irregularidades denunciados en los últimos seis años y sistemáticamente bloqueados por el oficialismo. En San Pablo, el diario Folha afirma que durante el gobierno Alckmin se pagaron 60 mil reales en publicidad a la revista Chan Tao, ligada a Jou Eel Jia, acupunturista personal del entonces gobernador.

Dos noticias insuficientes para voltear al candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), pero que pueden llevar al rediseño de una campaña en la que sería presentado como un echado de honestidad.

En cualquier caso, estos indicios de corrupción no bastan para equiparar la ética de Alckmin con la del gobierno federal y su colección de escándalos iniciada el año pasado con el probable soborno en masa de legisladores, el mensalao o pago mensual de coimas, y concluido, de momento, la semana pasada con la caída del ministro de Economía.

Ayer, Folha de Sao Paulo señaló a Palocci como responsable del delito de violación del secreto bancario de Francenildo Costa, el jardinero de una mansión en la que sus operadores habrían pactado ilegalmente negocios con órganos del Estado. La versión compromete la ya delicada situación penal del ex ministro al que le esperan meses adversos en los que deberá dar explicaciones a la Justicia por éste y otros 50 casos. Socialdemócratas y conservadores entienden que, en su calvario, Palocci puede arrastrar a Lula, que deberá enfrentar en virtual soledad los seis meses que restan hasta las elecciones, tras la salida forzada del titular de Hacienda y la renuncia de otros nueve ministros, que lo hicieron porque la ley les impide continuar en el gabinete si son candidatos a la Legislatura o a gobiernos provinciales.

Si bien el presidente preserva una intención de voto que oscila en el 42 por ciento, sus adversarios apuestan a que tarde o temprano ésta caerá junto con su credibilidad. Los “tucanes” (apelativo del PSDB) entienden que ahora Lula no podrá alegar inocencia frente a los ilícitos de su ministro más importante, un argumento poco verosímil, pero empleado exitosamente el año pasado cuando renunció el ex ministro jefe de la casa civil, José Dirceu.

Es difícil que alguien salga ileso de una campaña encarada por los dos grandes contendientes como un asunto de vida o muerte. Los petistas, que el año pasado consiguieron evitar la fractura interna, tienen conciencia de que la derrota de Lula el 1º de octubre puede resucitar ese fantasma o convertir a la agrupación en un archipiélago de corrientes. En las filas del PSDB, la derrota de Alckmin representaría el fin de un ciclo iniciado en 1994 con el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso, reelecto en 1998, durante el cual el partido hegemonizó una alianza de centroderecha con epicentro en San Pablo y respaldada por los conservadores del Partido del Frente Liberal (PFL), siempre fuertes en el Nordeste brasileño, pero generalmente inexpresivos en los grandes centros industriales del Sudeste.