La Unidad 34 del Servicio Penitenciario Bonaerense, más conocida como Unidad Psiquiátrica o Cárcel de Inimputables de Melchor Romero, es una unidad de locos. No por las características de sus internos sino por el estado en que quedó, incluidos sus empleados, tras el paso de la última directora, la oficial inspector mayor Susana Roso, ya mencionada en estas páginas en septiembre pasado . Roso hace menos de un mes fue trasladada a la cárcel de mujeres de Mar del Plata, en el preciso momento en que en el 0800 del Ministerio de Justicia arreciaban denuncias del personal de la 34 en su contra. Una presentación ante la fiscal Virginia Bravo, a la que Página/12 tuvo acceso, menciona el estado en que quedó la unidad tras el paso de la Roso: la caja chica con 6 mil pesos en rojo; pagos de sobreprecios; gastos de gasoil en una camioneta que es a gas; pagos a empresas por trabajos realizados por presos y guardias; retención del pago de horas extra a buena parte del personal o pago de horas extra a un grupo selecto que no las realizó, y demás. Pero lo inédito del caso es que la denuncia fue sostenida por otro penitenciario, el nuevo jefe que recibió el penal de manos de Roso.

El 31 de marzo pasado, un instructor judicial de la fiscalía platense 7, a cargo de Virginia Bravo, se presentó en la Cárcel de Inimputables de Melchor Romero para constatar si un preso sordomudo portador de HIV y tuberculosis, internado en el sector Sanidad, se encontraba en un estado tan deplorable como el que suponía una denuncia. Según el acta redactada por el instructor, Juan Lorenzo Isnardi, la denuncia se había quedado corta.

En la misma acta, Isnardi señaló la presencia del secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, y la denuncia de las declaraciones que le habían realizado (a Casolati) el nuevo director de la unidad, Miguel Angel Jiménez, y otros penitenciarios. Jiménez se quejaba de haber recibido el penal “de manos del anterior jefe Susana Roso, en precario estado general y con una deuda de fondos de caja chica de seis mil pesos”.

La denuncia continuaba sosteniendo que “los comprobantes adjuntos a la rendición de cuentas mensual no se corresponderían con elementos y servicios oportunamente pagados”. En pocas palabras, que los pagos que figuraban como realizados se habían realizado, pero no en el sentido indicado en los comprobantes sino en el sentido de otros bolsillos, que usted, querido lector deberá imaginar.

El 12 de septiembre pasado, Página/12 describió el paso de Roso como directora de la U22, la unidad hospitalaria de Olmos, donde se había creado un novedoso método de limpieza de sábanas de los presos internados. Las lavaban los mismos presos que continuaban usándolas aunque estuvieran rotas de tan gastadas, pero a la jefatura le pasaban el parte de que eran quemadas para poder comprar sábanas nuevas, que los presos jamás veían. Roso fue sumariada por un incendio ocurrido en la 22 que se llevó puestos a seis internos. Sin embargo, con sumario a cuestas, fue designada como jefa de la Unidad 34, donde recaló en septiembre pasado.

En apenas seis meses, la nueva jefa de la 34 dio muestras de su capacidad operativa. Consultado por este diario, Casolati confirmó la denuncia del 31 de marzo y sostuvo que “todos los jefes, cuando cambian de unidad, llevan a los empleados de su confianza al nuevo destino. Lo que pasó en este caso es que Roso llevó a su gente pero no pudo cambiar a nadie en la sección clave de Contaduría”. Ante la imposibilidad, según la denuncia, Roso realizó un sorprendente by pass carcelario que consistió en puentear a Contaduría de la 34 y hacer las cuentas de esa unidad en la 22, donde seguía la gente de su confianza. Según el acta de Isnardi, el nuevo director Jiménez reveló a Casolati que “el que realizaba estas tareas esun empleado de apellido López”. El mismo apellido aparecerá, más adelante en la misma denuncia, en otro rubro, el de los vales de combustible.

Son varios rubros los que comprende la declaración de Casolati a Isnardi, ratificada por penitenciarios. La orden de compra 531, del 7 de diciembre pasado, fue realizada por un monto de 8500 pesos. El precio incluye provisión de “230 metros lineales de alambrado romboidal olímpico de 1,80 metro de altura más tres hilos de púa superiores cada 0,1 metro; postes de cemento premoldeado de primera calidad”. El certificado aclara que en el precio estaba comprendida también la “mano de obra por la colocación integral”, que correría por cuenta del proveedor, Juan José Marzzilli. Ocurre que no fue así, porque en los libros de ingreso al penal del 7 de diciembre sólo fue registrada la entrada del bueno de Marzzilli. La conclusión obvia fue confirmada por los penitenciarios: “La colocación estuvo en cabeza de empleados de la unidad y detenidos en su mayoría”, sostuvo Casolati en su denuncia.

La 34 tenía asignada la camioneta Toyota RO 23009, dominio DEW563. La camioneta es gasolera. Según la denuncia, se le colocó un equipo de GNC, notoriamente más económico que el gasoil. La triquiñuela de Roso, según la denuncia, consistía en usar gas y pasar la cuenta como gasoil. También sostiene que los choferes Daniel Vaca y Fernando López, que fueron llevados por Roso a Mar del Plata, “canjeaban los vales por dinero en dos estaciones de servicio, una de ellas Esso y la otra YPF”, convirtiéndolos en dinero “con la quita de dos a cuatro pesos con el acuerdo tácito de empleados de esas estaciones de servicio”.

A esto habrá que agregar el pago indebido de horas extra, “de manera de favorecer a aquellos empleados que desarrollaban las tareas denunciadas en detrimento de otros oficiales y suboficiales que fueron recargados de manera indebida”. Entre los favorecidos figuraría un hijo de la jefa. Los datos son fácilmente comprobables entrecruzando los libros de horas extra, los de ingreso, y las planillas enviadas a la jefatura.

El oficial adjutor Santiago Nicoloni, de la 34, confirmó lo denunciado con su rúbrica. Quince días antes de la denuncia, el 16 de marzo, el propio jefe del SPB, Fernando Díaz, dio señales de estar enterado en un despacho girado al director Jiménez: “Tenga bien informar a esta superioridad, conforme a información recibida, sobre aspectos que hacen a un desmejoramiento de la unidad a su cargo. En particular, falta de higiene generalizada y de elementos para que los internos puedan ingerir sus alimentos (¿lo hacen en gicones cortados o pedazos de cartón que utilizan como plato?). Asimismo sobre la carencia de camas y sábanas, por lo cual aproximadamente diez internos estarían durmiendo en el piso”.

De las horas extra, nada. Y Roso, a gas, camino a Mar del Plata.