Francia se despertó ayer en medio de una situación muy inusual: el controvertido Contrato Primer Empleo (CPE) ya entró en vigor aunque, teóricamente y según lo que pidió el propio Jacques Chirac el viernes pasado, no debería ser aplicado hasta que la Asamblea Nacional no apruebe una nueva versión del contrato. Pero no sólo eso, con el eje puesto ahora en las negociaciones en el Parlamento, los sectores que se oponen al CPE ya no dirigirán sus demandas y cuestionamientos al debilitado primer ministro, Dominique De Villepin, sino a su principal rival para las próximas elecciones, el ministro del Interior, Nicolás Sarkozy –el encargado de reformular la ley y el presidente del derechista Movimiento Popular (UMP), la bancada oficialista–.

“Ahora, dado que se va a ver una propuesta de ley, son los diputados los que van a hacer la ley, no será más el gobierno. Se siente que nuestro interlocutor no será el primer ministro, serán los diputados de la UMP, cuyo patrón es Sarkozy”, explicó ayer el secretario general de la confederación sindical CFDT, François Chereque, a pocas horas de la huelga convocada para mañana que se espera reúna a más de tres millones de personas. Según adelantó la Intersindical, que agrupa a las principales centrales obreras y estudiantiles de país, la medida de fuerza incluirá a empleados públicos, personal escolar, de correos y al sector de energía; mientras los estudiantes realizarán tomas de universidades y escuelas secundarias. En tanto, ayer unas dos mil personas marcharon por las calles de París para repudiar el cierre de las universidades. Los organizadores de la protesta, cinco asociaciones cercanas a la derecha gubernamental, se declararon en desacuerdo con las medidas de fuerza que están realizando los sectores sindicales y estudiantiles, principalmente, aunque afirman que no apoyan el CPE.

En un acto de solidaridad para con el gobierno, la presidenta de Medef, la principal patronal, aseguró en una entrevista ayer con Le Journal du Dimanche que les ha pedido a los empresarios que no recurran al CPE hasta que se apruebe su modificación en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el jefe del principal partido de la oposición, el socialista François Hollande, advirtió que no hay ninguna traba legal que impida a un empresario recurrir a la fórmula del CPE.

Esta tarde, Sarkozy se deberá reunir junto a una comisión ejecutiva extraordinaria del UMP para trabajar en las nuevas propuestas que mañana, tras la reunión de todos los grupos parlamentarios, deben ser enviadas por correo a los sindicatos. Estos no se cierran al diálogo –a pesar de estar preparando la huelga de mañana–, aunque sí piden como precondición la llana derogación del CPE. Este será también el proyecto de ley que presentarán las bancadas de los partidos Socialista y del Comunista. El UMP, en cambio, se limitará a las dos modificaciones planteadas por Chirac: disminuir el “período de prueba” de dos a un año y el empleador deberá explicar las causas del despido.

Si quedaba alguna duda sobre la poca efectividad del discurso televisivo del presidente, el viernes pasado, un sondeo publicado ayer terminó de sepultarlas. El 62 por ciento de los franceses lo calificó de “no convincente”, por lo que la prensa lo consideró “uno de los peores resultados registrados en estos últimos 15 años”. El sondeo, realizado por el instituto Csa, también reveló la opinión dividida que reina sobre la presente crisis. Mientras por un lado, el 54 por ciento cree que las manifestaciones contra el CPE deben continuar hasta que se derogue la ley, el 39 por ciento considera que las movilizaciones deben “detenerse”.