El saldo de la crisis de corrupción, que azotó a toda la dirigencia política brasileña durante meses y meses, son 40 procesables por “corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, gestión fraudulenta y otras formas de fraude”. El informe, presentado por el procurador general Antonio Fernando de Souza y basado en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), destaca que “el jefe de la organización criminal” fue nada más y nada menos que la ex mano derecha del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y una de las principales víctimas políticas de la crisis, José Dirceu.

“Los presuntos delitos son producto de una sofisticada organización criminal que se estructuró profesionalmente para negociar apoyos políticos, pagar deudas del PT (Partido de los Trabajadores) y costear gastos de campañas electorales y otros gastos de ese partido y de sus aliados”, concluye De Souza. Además de Dirceu, el informe consigna a los integrantes de la entonces cúpula del PT: su presidente, José Genoiono; su secretario general, Silvio Pereira; y su tesorero general, Delubio Soares, como las otras grandes figuras de este esquema de corrupción. La lista se completa con otros dos ex ministros de Lula –Luiz Gushinken, ex ministro de la Secretaría de Comunicación; y Anderson Adauto, ex ministro de Transportes–, 13 diputados –entre ellos, el ex presidente del Congreso, Joao Paulo Cunha– e importantes empresarios, como el publicista Marcos Valerio, que hacía las veces de financista del esquema.