La yugular del petróleo está caliente. “En este momento no hay previstas más discusiones sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Ecuador”, sentenció ayer Neena Moorjani, portavoz del representante comercial de Estados Unidos. De esta forma, Washington suspendió las negociaciones de un TLC con el país andino en castigo a la decisión del gobierno de Quito de finalizar el contrato con la petrolera norteamericana Occidental Petroleum Corp. Ecuador no se quedó callado y denunció que es víctima de un “chantaje” por parte de Estados Unidos. “Se evidencia que ha existido una presión desmedida de parte del gobierno norteamericano en la cual ha utilizado el TLC como un mecanismo para someter la voluntad de un pueblo pequeño pero digno”, dijo el vocero del gobierno ecuatoriano, Enrique Proaño. A pesar de que la noticia cayó como un balde de agua fría, el gobierno ecuatoriano ya se puso en marcha para lograr acuerdos con otros países y bloques regionales. Fernando González, titular de Petroecuador, declaró que “Occidental dejará el país una vez que la Justicia emita su fallo definitivo sobre el tema”.

La empresa norteamericana Occidental ha trabajado en actividades petroleras en Ecuador desde hace veinte años y se convirtió en el mayor inversionista extranjero de esta nación. Cuando Quito decidió cancelar su contrato este lunes, Moorjani dijo que su país estaba “muy desilusionado” por la actitud de Ecuador y que la medida se asemejaba a una “expropiación”. Pero tanto la Cancillería ecuatoriana como Felipe Vega, ministro de Gobierno, rechazaron esa opinión y aseguraron que se trata simplemente de un “proceso administrativo” en cumplimiento con las leyes de su país. “Considero que el cierre de la negociación es unilateral, es una especie de sanción que Estados Unidos nos hace porque no hemos permitido que continúe un status lesivo al país y lesivo a las normas de convivencia”, subrayó Vega. En el mismo sentido se expresó el ministro de Economía, Diego Borja, que se mostró sorprendido por la actitud del gobierno de Estados Unidos “al asumir como propio un tema entre Ecuador y una empresa privada”.

El gobierno ecuatoriano considera que la empresa Occidental violó las leyes locales en el año 2000, cuando transfirió el 40 por ciento de sus acciones del bloque 15 a la canadiense EnCana sin autorización del Ministerio de Energía, como establecían las cláusulas de su contrato de participación. Junto con la declaratoria de caducidad del contrato, se determinó la reversión de instalaciones y maquinarias de la empresa estadounidense en el bloque 15 y los campos Edén-Yuturi y Limoncocha sin costo alguno para Ecuador, y la pérdida de las garantías entregadas por Occidental a la firma del contrato.

Las repercusiones en los distintos sectores ecuatorianos, tanto de los partidarios del TLC con Estados Unidos como de sus detractores, no se hicieron esperar. El jefe negociador de Ecuador del Tratado, Manuel Chiriboga, se vio obligado a presentar su renuncia ante la ruptura de las negociaciones. En tanto, el dirigente empresarial Roberto Aspiazu dijo que el sector privado de Ecuador declara al presidente Alfredo Palacio “enemigo del desarrollo nacional”, por permitir la caducidad del contrato de Occidental y con ello el fin del TLC con Estados Unidos. Aspiazu, quien ha participado en las negociaciones del Tratado, señaló que los empresarios resolvieron romper relaciones con el gobierno, que estará en el poder hasta enero de 2007. Como medida inmediata, el dirigente indicó que se retiran todos los representantes del sector privado de los organismos estatales donde hayan estado colaborando. El principal argumento de los empresarios es que los productos nacionales van a perder competitividad. “Detrás de estos productos no hay sólo inversión sino sobre todo empleo, que está relacionado con el bienestar de la población”, precisó Aspiazu.

Sin embargo, la medida es una victoria para la comunidad indígena y amplios sectores sociales de Ecuador, que se resistían fuertemente a las negociaciones. Además, las autoridades de Quito recibieron apoyo internacional. El gobierno de Bolivia, que nacionalizó hace pocas semanas los hidrocarburos, destacó la decisión de su homólogo ecuatoriano de rescindir el contrato a la petrolera estadounidense porque, a su juicio, “se trata de una decisión soberana para recuperar recursos naturales”.