Ya comenzó el prometido desfile de los altos mandos militares de la dictadura uruguaya por las cortes judiciales. El ex comandante en jefe del Ejército y el último presidente de facto, Gregorio Alvarez, se presentó ayer por la tarde ante un tribunal civil para declarar sobre la desaparición de un militante tupamaro, Washington Barrios. El ex dictador negó toda vinculación con la desaparición. Barrios fue secuestrado en la Córdoba, Argentina, en 1974.

Alvarez se hizo el distraído. Aseguró que no conocía el funcionamiento interno del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), la institución encargada del plan conjunto de represión ilegal de las dictaduras sudamericanas, el llamado Plan Cóndor. Los abogados de Barrios basaron su acusación en el reconocimiento que hizo Alvarez de su responsabilidad como jefe militar de los crímenes que hubieran cometido sus subordinados durante la dictadura. Lo hizo en una carta pública un mes atrás, junto a otros nueve ex comandantes en jefe del Ejército. Goyo –como se conoce a Alvarez– reafirmó su responsabilidad como ex mando militar, aunque destacó que no puede hacerse cargo de los “excesos” de sus subordinados. Según dejó entender, estos “excesos” coincidirían con los crímenes que ahora se están investigando. Para Carlos Curbelo Tammaroel, abogado del ex dictador, las palabras de su cliente se han malinterpretado. “La carta no dice más que lo que dice la normativa vigente de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Pero Walter de León, el abogado de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, le dijo a Página/12 que si Alvarez se hace responsable, entonces es responsable. “Los mandos se hicieron responsables de lo que sucedió bajo su mando”, afirmó. De León también recordó que el juez que conduce la causa, Luis Charles, solicitó al Ministerio de Defensa que le entreguen los archivos y todos los documentos relacionados con las operaciones de la OCOA durante la dictadura. La respuesta del comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, fue que no existía ninguna documentación. La insólita respuesta no provocó la reacción del gobierno frenteamplista, que venía teniendo una política de presión hacia los mandos militares que se mostraban renuentes a cooperar.

El caso logró evadir el marco de la Ley de Caducidad, la inmunidad que ampara todos los crímenes cometidos durante los años de dictadura, de 1973 a 1985, durante la cual desaparecieron 164 uruguayos. El Ejecutivo uruguayo permitió la investigación porque la detención y la desaparición del militante tupamaro fue en territorio argentino, y no uruguayo como consigna la Ley de Caducidad aprobada durante el gobierno colorado de Julio María Sanguinetti y refrendado en un consulta popular. Además, como destacó De León, los mandos militares en sí quedan fuera de la amnistía. “La Ley de Caducidad incluye los delitos cometidos por militares y policías por acciones políticas bajo órdenes de los mandos”, explicó. “Los mandos son responsables por haber creado los aparatos de represión y por haber tenido el control de hecho”, concluyó el abogado de derechos humanos.

La llegada de Alvarez al juzgado en la Ciudad Vieja de Montevideo no pasó desapercibida. Un grupo de familiares de las víctimas de la dictadura lo recibieron con gritos e insultos. “Milico asesino”, “vas a pagar delincuente” e “hijo de puta” fueron los más populares. La declaración del ex dictador no fue muy convincente. Además de decir que desconocía el funcionamiento de la OCOA, el ex dictador también negó conocer las operaciones internas del Servicio Información de Defensa (SID), un organismo muy vinculado con la represión de la dictadura. Para el momento de la desaparición de Barrios, Goyo ya era general. Cuatro años después, ascendía a comandante en jefe del Ejército y a los tres años de eso, a la Presidencia de facto.