La confrontación entre el gobierno central de La Paz presidido por Evo Morales y el frente autonomista liderado por los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y apoyado por grupos empresariales, ha dejado en un segundo plano la victoria del oficialismo en las elecciones para la Asamblea Constituyente del pasado domingo. Cualquier excusa sirve para meter leña al fuego de una pelea regional que enfrenta dos proyectos antagónicos de país: el nacionalista indígena del occidente (“populista” para los sectores conservadores) y el “liberal” del oriente (“oligárquico” para la izquierda en el gobierno).

La declaración del 4 de julio, firmada en Tarija en esa fecha, demanda el respeto al carácter vinculante departamental del referéndum autonómico. Los prefectos de los cuatro departamentos del oriente y sur bolivianos dan por hecho las autonomías en sus departamentos (equivalentes a las provincias argentinas), donde triunfó holgadamente el Sí en el referéndum paralelo a la elección de constituyentes, y se preparan para redactar estatutos autonómicos. Desde el gobierno responden que se trató de una consulta nacional en la que la mayoría de los bolivianos (55 por ciento) votó No. “Se están haciendo interpretaciones antojadizas de las leyes”, declaró ayer el ministro de Defensa Walter San Miguel.

En este contexto de tensión postelectoral, la Central Obrera Departamental (COD) sigue ocupada por miembros de la radicalizada Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que el pasado lunes tomaron con violencia la sede sindical supuestamente para apoyar a una fracción laboral opuesta al gobierno de Evo Morales.