El conflicto por las papeleras entrará la semana próxima en una etapa decisiva. La Corte Internacional de Justicia informará el jueves 13 si hace lugar al pedido de la Argentina para frenar las obras de las plantas de Botnia y Ence en Fray Bentos, si lo rechaza o si ofrece alguna salida alternativa. El tribunal con sede en La Haya convocó a una audiencia especial en la que estarán presentes delegados de los dos países.

Lo primero que los jueces resolverán es si admiten la medida cautelar que pidió la Argentina, con el argumento de que el daño ambiental que provocarán las dos fábricas de pasta de celulosa será irreversible y que, incluso, ya se está produciendo. La demanda de fondo plantea que el gobierno de Tabaré Vázquez violó el Estatuto del Río Uruguay al decidir la instalación de las celulosas en forma unilateral, pero un pronunciamiento sobre este punto puede demorar cinco años.

El fallo que dará a conocer la Corte Internacional será clave en el devenir del conflicto y en el rumbo del reclamo social de los vecinos de Gualeguaychú (ver aparte). Después de las audiencias públicas que se hicieron el mes pasado en el Palacio de la Paz, en La Haya, la delegación argentina pidió esperar con calma y previno que se trata de un tribunal reticente a dictar medidas cautelares, aunque como su misión es arbitrar para destrabar conflictos también puede proponer medidas intermedias. Podría obligar a ambos estados a negociar, instarlos al diálogo con ciertas indicaciones u ordenar la suspensión de las obras hasta que haya un estudio independiente de impacto ambiental, entre muchas otras opciones.

Hace apenas un mes, expertos de los dos países estaban en Holanda exponiendo sus alegatos ante el tribunal internacional. La exposición de la Argentina tuvo dos ejes:

- Acusó a Uruguay de violar las normas comunes que obligan a ambos gobiernos a informar y consultar al vecino ante un proyecto productivo en las márgenes de un río fronterizo. “Nunca explicó las razones de la localización” sobre el río Uruguay y frente a Gualeguaychú, fue uno de los argumentos. También acusó a la administración de Tabaré de quebrar “la confianza y la buena fe”, ya que después de haberse comprometido en marzo a frenar las obras por noventa días, enseguida dio marcha atrás ante la decisión de la finlandesa Botnia de continuar.

- En cuanto a la contaminación dijeron que las dos papeleras, juntas, serán el mayor emprendimiento mundial en el rubro y producirán dos millones de toneladas de pasta de celulosa al año. Está probado, señalaron, que las sustancias implicadas en la elaboración, como las dioxinas y furanos, son altamente nocivas para la salud. Como las plantas están separadas sólo por seis kilómetros y el río es lento y bajo, la polución estará potenciada. Se verá afectado el ecosistema local. Todo esto repercutirá, remarcaron, en las principales actividades económicas de la zona: la agricultura, la pesca y el turismo. El daño, advirtieron los especialistas, será irreversible y ya se está produciendo. Lo englobaron como un asunto de derechos humanos.

Uruguay negó haber retaceado información pero alegó que, de todos modos, entiende que la instalación de dos pasteras en su territorio es un tema que atañe a su soberanía. Destacó que se trata de las inversiones más grandes de su historia y dio por hecho que si el tribunal ordena frenar las obras, Botnia y Ence se retirarán, lo que sería una pérdida enorme. Aseguró que los niveles de contaminación no superarán los estándares permitidos, pero no avanzó en detalles sobre la tecnología que usará.

Por la Argentina, irán a escuchar la resolución de la Corte Internacional Susana Ruiz Cerutti, jefa de la asesoría legal de la Cancillería; Horacio Basabe, director del servicio exterior en ese ministerio, y Santos Goñi, embajador en La Haya. Ruiz Cerutti, ex canciller del gobierno de RaúlAlfonsín, encabezó la delegación que viajó en junio. De parte de Uruguay, recibirán el fallo los embajadores Héctor Gros Espiell y Carlos Gianelli.

La resolución será anunciada por la presidenta del tribunal, la inglesa Rosalyn Higgins, en una audiencia pública que se hará el jueves a las diez de la mañana en el mismo salón de enormes vitraux y arañas de cristal, donde fueron los alegatos.

El fallo no es apelable, los países en litigio están obligados a acatarlo. Sus Señorías son quince, pero como dos de ellos faltaron al debate oral no votarán. Además hay dos jueces ad hoc para el caso: Raúl Vinuesa por la Argentina y Santiago Torres Bernárdez por Uruguay. Para llegar a una decisión requieren una simple mayoría que, en este caso, se cumplirá con ocho votos. Si es rechazada la medida cautelar, la Argentina tendrá la opción de insistir con otro pedido que incluya nuevos elementos.

La nueva secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti –quien integró el equipo en Holanda–, dijo en sus primeras definiciones que reabrir el diálogo entre los gobiernos sería lo mejor, pero también afirmó que “la solución es que Uruguay relocalice las pasteras”. En la Cancillería comparten esa convicción, a la que podrían apuntar ante una eventual negociación. En la Casa Rosada analizan que los gestos dialoguistas de Néstor Kirchner fueron una constante y acusan a los uruguayos de poner obstáculos, de lo contrario –alegan– no se hubiera llegado a la Corte. Prefieren la cautela, incluso, para leer los últimos gestos de acercamiento de Tabaré Vázquez. Ahora todo está sujeto a la palabra de La Haya.