La crisis política, institucional y con visos de convertirse en social que vive México desde el pasado 2 de julio entrará en una etapa decisiva a partir de hoy, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dé a conocer el cómputo final de la elección y haga las declaratorias de validez y, en su caso, de presidente electo.

En la víspera de vencer el plazo legal para calificar el proceso electoral, el Tribunal convoca a una sesión pública en la que, en un solo acto, acabará con la incertidumbre institucional que vive el país desde hace poco más dos meses.

El Tribunal Electoral empezará por dar a conocer el cómputo final de la elección presidencial, pese a que ya ha emitido las sentencias sobre las mesas impugnadas y que valida la ventaja del candidato de la derecha Felipe Calderón. Inmediatamente después emitirá la declaratoria de validez de la elección, requisito indispensable para proceder a declarar presidente electo a quien haya obtenido el mayor número de votos.

Ante esto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) condicionó ayer cualquier posibilidad de diálogo a la renuncia de Felipe Calderón a un puesto “que le fue otorgado por la ciudadanía”. Y es que ninguna de las impugnaciones presentadas por la coalición Por el Bien de Todos será tomada en cuenta para los actos jurídicos del Tribunal Electoral que sancionará hoy. Sin embargo, sí tendrá que expresar una opinión sobre cada uno de los temas que le fueron planteados.

Se prevé que el Tribunal Electoral emita una serie de recomendaciones sobre la intervención del presidente Vicente Fox en favor del candidato de su partido, el oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), así como el papel jugado por grandes corporaciones privadas que financiaron la apabullante campaña de miedo en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien calificaron de ser “un peligro para México”, y hasta sobre la parcialidad del Instituto Federal Electoral, un órgano constitucional autónomo encargado de organizar y administrar los comicios.

En su momento, los jueces electorales concluyeron que ninguna de estas quejas influyó “de manera grave” en el resultado de la elección presidencial, lo que agotó la posibilidad de declararla nula. Consecuentemente, sin importar la eventual dureza de sus apreciaciones en torno de estos puntos, esto sólo tendrá una lectura política, sin ningún efecto jurídico.

A partir de este punto, la disputa política se trasladará al único terreno que ha quedado abierto: las calles, una vez agotada cualquier posibilidad jurídica de revertir lo que la coalición llama “una imposición” y aparentemente cerrada también la posibilidad de un acuerdo político que pusiera fin a esta crisis, pues tanto el PAN como el PRD –apoyado por el PT y el CD– endurecieron sus posiciones este fin de semana y ayer llegaron a plantear un escenario de ruptura y choque abierto.

Mientras el PAN insistió en que Calderón tomará posesión como presidente, “a como dé lugar”, el PRD anunció que eso es algo que impedirán “de forma pacífica, pero enérgica”.

En tanto, la administración de Vicente Fox agotó el último de los argumentos que le quedaban para amenazar a la izquierda: sostener que los partidos de la coalición perderán su registro legal si apoyan las acciones de resistencia civil planteadas por López Obrador, a quien el secretario de Gobernación le advirtió ayer que está a un paso de “autoproclamarse revolucionario disruptor”.