La decisión del Movimiento al Socialismo (MAS) de otorgarle poderes absolutos a la convención constituyente provocó rechazo e inquietud en los sectores conservadores, que hoy se reunirán en Santa Cruz de la Sierra para discutir cómo enfrentar el “rodillo” socialista. Se habla de medidas de presión y recursos ante el Tribunal Constitucional y organismos internacionales, en medio de denuncias político-mediáticas de que Evo Morales quiere una asamblea con superpoderes para “cubanizar” Bolivia e instaurar un régimen autoritario.

La votación del viernes –que declaró a la convención “originaria, plenipotenciaria y refundacional”– surgió después del fracaso para llegar a acuerdos entre las distintas bancadas. La izquierda defiende la mayoría absoluta para aprobar los artículos de la nueva Carta Magna, mientras que la derecha aboga por una mayoría especial de dos tercios que obligaría al oficialismo a pactar el nuevo orden jurídico que organizará el edificio institucional boliviano. En una reunión con los movimientos sociales, el anterior fin de semana, Evo Morales señaló que “no es posible consensuar con la oligarquía”. Y la discusión no es menor: si la constituyente es plenipotenciaria, su poder es absoluto y está por encima de los tres poderes del Estado. Esto enciende ruidosas señales de alarma en la derecha, que teme que el MAS desconozca las autonomías regionales, apruebe una Constitución indigenista radical y conduzca al país por los derroteros “totalitarios” de Cuba y Venezuela.

Para aprobar el carácter soberano de la convención reunida en Sucre, el oficialismo contó con el apoyo de pequeños partidos de izquierda e indigenistas y con cuatro votos díscolos de la derecha que fueron presentados como un trofeo de guerra. La asamblea originaria fue aclamada por 162 de los 255 convencionales (es decir, con sólo ocho de los dos tercios). Como forma de protesta, los representantes de Poder Democrático Social (Podemos) se colocaron mordazas y levantaron pancartas con la leyenda “Dios, líbranos del MAS” y “No a la dictadura masista”, en la que las “s” eran reemplazadas por cruces esvásticas.

De esta forma, el gobierno intenta poner un pie en el acelerador de las sesiones cuando la opinión pública comienza a mostrar síntomas de fastidio hacia los constituyentes, que ya se traducen en cifras: una medición de la firma Apoyo, Opinión y Mercado realizada en el eje troncal del país –La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz– revela que la aprobación de la convención que se puso como tarea “refundar el país” cayó del 69 por ciento en agosto al 45 por ciento en septiembre. El 76 por ciento de los consultados cree que, como van las cosas, los convencionales no lograrán redactar una nueva Constitución en el tiempo establecido: un año.

El apoyo a Morales también bajó. Midió 52 por ciento después del 80 por ciento en mayo, el mes de la nacionalización del gas. Y hay coincidencia entre políticos y analistas en que los problemas de gestión, los excesos de retórica y la vuelta de los conflictos sociales –incluyendo varios bloqueos de rutas– amenazan con despintar prematuramente el liderazgo del primer presidente indígena de la historia boliviana.

Morales se considera víctima de los grandes medios de comunicación, a quienes mencionó días atrás como “el principal partido de la oposición”. Pero si es cierto que la oferta informativa boliviana es altamente tendenciosa, no lo es menos que el gobierno parece ofrendar cada día una abundante dosis de materia prima para esos discursos. La anterior semana, el canciller David Choquehuanca dijo que los habitantes de la exclusiva zona sur de La Paz “si pudieran, escupirían a Morales” por ser indígena, pese a que el MAS ganó en esos barrios. Y para demostrar que, sin embargo, los indios no odian a los blancos, declaró: “Si realmente hubiera ese odio, podríamos haberlos envenenado”, ya que las empleadas domésticas son todas descendientes de indígenas.