La Secretaría de Gobernación planteó un ultimátum a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y a los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes advirtió que el próximo lunes 16 “vence el plazo” para aceptar las propuestas de la administración federal, o todas las condiciones de negociación habrán cambiado: no habrá rezonificación para el magisterio y se justificaría el uso de la fuerza pública para restablecer el orden en la capital del estado.

El subsecretario de Gobierno federal, Arturo Chávez, declaró ayer que los 70 mil trabajadores de la educación en el Estado deben regresar a clases este lunes, luego de que pararan 13 mil escuelas en demanda de una rezonificación del magisterio, que implicaría un incremento salarial para homologarlos con zonas de vida cara en el país.

La oferta federal es destinar 280 millones de pesos cada año durante el próximo sexenio, pero si no se acepta la propuesta “habría que replantear el tema de las prestaciones”. Sin embargo, los maestros han planteado que no darán su respuesta hasta que el Senado de la República haya decidido la suerte del gobernador Ulises Ruiz, lo cual no ocurrirá antes del martes 17.

Y en cuanto a la APPO, Chávez advirtió que de no aceptarse un mando civil federal sobre las policías locales se reforzaría la opción de recuperar el centro de la ciudad y los edificios públicos y privados ocupados por los manifestantes mediante el uso de la fuerza pública, una posibilidad que no ha sido cancelada en ningún momento por la Secretaría de Gobernación.

Este repentino endurecimiento en el discurso gubernamental complica el trabajo de la subcomisión senatorial que durante más de 20 horas se entrevistó en Oaxaca con los tres poderes del estado, con los dirigentes de la APPO y del magisterio, y con otros miembros de la sociedad civil, de quienes recabó información para evaluar la crisis de gobernabilidad en el estado.

Cada una de las partes ofreció pruebas para reforzar sus posiciones.

El gobernador Ulises Ruiz, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los diputados del Congreso local trataron de demostrar que los poderes locales trabajan normalmente.

Los activistas exhibieron las condiciones en que han vivido los últimos cuatro meses entre barricadas y reclamaron una valoración política del conflicto.

Los grupos de la sociedad civil, organizados por el pintor Francisco Toledo, ofrecieron durante cuatro horas pruebas documentales, materiales y fílmicas de la represión con que ha respondido el gobierno del estado a las demandas sociales, que incluyeron los incidentes de la última semana, cuando policías abrieron fuego contra los manifestantes.

El documento que estos últimos entregaron a los tres senadores de la subcomisión plantea que “en Oaxaca no se puede hablar, como pretenden el gobierno federal y el estatal, de restaurar el Estado de Derecho, porque tal Estado nunca ha existido: lo que hemos vivido por décadas en este estado y en este país es el secuestro del interés público”.

La subcomisión senatorial que viajó a Oaxaca trabajará este fin de semana en un informe que entregarán el lunes al Senado de la República y se prevé que el pleno lo discuta y se pronuncie el próximo martes, un día después de vencido el ultimátum de la Secretaría de Gobernación.

En una primera apreciación, dos de los tres senadores de la subcomisión coinciden en que la salida del gobernador Ulises Ruiz, mediante la solicitud de una licencia a su cargo, es el escenario menos costoso, comparado con una eventual desaparición de poderes en Oaxaca o el uso de la fuerza pública para reprimir a la APPO y a los maestros en paro desde hace 145 días.

Los senadores Alejandro González Alcocer (PAN) y Tomás Torres (PRD) apuestan a que el Senado tomará la decisión “menos grave”, y ésta podría consistir en forzar la salida del gobernador, sin que haya necesidad de romper totalmente con la vida institucional de Oaxaca, algo que no es muy del agrado del tercer miembro de la subcomisión, el senador Ramiro Hernández, militante del mismo partido (PRI) que Ulises Ruiz.

En cualquier caso, según González Alcocer, “Oaxaca ya no aguanta mucho”.