Un nuevo caso de corrupción explotó ayer en Chile, mientras el gobierno de Michelle Bachelet sigue sin poder darle un cierre al caso de desvío de fondos de la Secretaría de Deportes –más conocida como Chiledeportes– al Ministerio de la Secretaría General del Gobierno. Esta vez el escándalo tiene como protagonistas a un grupo de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), que asociados con una consultora externa, obligaban a las grandes empresas a aceptar gestiones para evitar futuras sanciones tributarias. Por supuesto, ellos se quedaban con un porcentaje del costo de esas gestiones. El ministro del Interior, Belisario Velasco, calificó de graves las denuncias y prometió que el gobierno seguirá de cerca la investigación. Sin embargo, la oposición acusó al oficialismo de ser incapaz de encontrar y juzgar a los responsables.

El mismo día que el gobierno socialista se comprometía a apoyar las investigaciones de este nuevo caso de corrupción estatal, un viejo caso resurgía para incomodar nuevamente a Bachelet. Después de varias semanas de tranquilidad, el escándalo de Chiledeportes volvió a ganar los titulares. Según el informe final sobre la Secretaría de Deportes que presentó ayer la Contraloría, la cartera desvió 135 millones de dólares a la Secretaría General del Gobierno en 2005, de los cuales sólo se regularizaron 30 millones después de estallar el escándalo. En sus conclusiones, el ente fiscalizador determinó que los desvíos de fondos no eran legítimos, contradiciendo la posición que defendía el gobierno.

Desde el Palacio de la Moneda aceptaron este informe, aunque volvieron a sostener que el desvío de fondos era una práctica usual, no sólo de este gobierno, sino también de los anteriores. “Esto se ha hecho por muchos años, no ha sido cuestionado con anterioridad por ninguna institución”, explicó ayer Ricardo Lagos Weber, el ministro cuya cartera recibía los fondos de los proyectos de Chiledeportes. “Ahora se tienen que rendir las cuentas como corresponde”, agregó.

Sin embargo, esta promesa no dejó tranquila a la oposición que, con el informe de la Contraloría en mano, quiere que empiecen a rodar cabezas ya. “¿Quién tiene responsabilidades sobre la plata que se perdió?”, cuestionó el presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Hernán Larraín. Sus aliados de Renovación Nacional (RN) también aprovecharon el momento de debilidad del gobierno y recordaron que ningún funcionario de primer nivel de la Secretaría General del Gobierno reconoció su responsabilidad sobre los desvíos –sólo renunció el ex jefe de gabinete de Lagos Weber– ni explicó el destino de los 104 millones de dólares de Chiledeportes que todavía no fueron fiscalizados.

La seguidilla de denuncias –hubo otros casos menores promocionados por la oposición, que perdieron fuerza por falta de evidencia– les ha permitido a los dirigentes de la UDI y RN un renovado protagonismo. “No puede ser que en Chile no pase un día o una semana en que no conozcamos un nuevo caso de corrupción en alguna institución pública”, se indignaban ayer un grupo de diputados de la UDI al conocer las irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos. Declaraciones como ésta abundan en estos días en los medios chilenos. Y es que finalmente la oposición parece haber encontrado una herramienta para enfrentar a un gobierno que, casi a un año de asumir, sigue manteniendo el apoyo de más de la mitad de los chilenos.