Chiquita Banana, una de las empresas alimentarias más grandes y poderosas del mundo, admitió haber pagado dinero a cambio de protección a los grupos paramilitares colombianos identificados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas y acordó pagar una multa de 25 millones de dólares para terminar con la investigación federal de tres años.

El acuerdo fue rápidamente denunciado como demasiado indulgente por los grupos de derechos humanos. Estos se han quejado durante años de que las bananas de Chiquita estaban “manchadas con sangre” por las guerras contra la droga que sacuden a Colombia y acusaron a la empresa de pagar a los grupos paramilitares no sólo para proteger a sus trabajadores, sino también para convertir en blanco a los líderes sindicales y otros agitadores que se pensaba que iban contra los intereses comerciales de la empresa.

También hicieron notar la política del presidente Bush de procesar con tanto vigor como a los terroristas a cualquiera que fuera encontrado financiando a una organización terrorista. Pero en lugar de procesar a través de un gran jurado federal, el Departamento de Justicia decidió presentar un documento de información penal contra Chiquita Brands International –una forma menos agresiva de proceso que generalmente lleva a un acuerdo en lugar de un juicio penal–. Por este acuerdo al que se llegó el miércoles pasado, Chiquita se declarará culpable de un cargo de hacer negocios con un grupo terrorista y no enfrentará otra sanción inmediata salvo la multa.

El Departamento de Justicia reconoce que Chiquita es las más prominente y posiblemente la única corporación estadounidense que se sepa que tuvo negocios con un grupo terrorista desde el 11 de septiembre. Pero dice que su decisión estuvo influenciada en parte por el hecho de que Chiquita había reconocido voluntariamente que había pagado a grupos paramilitares. “Obviamente, es un caso delicado, un caso importante”, dijo un funcionario a Los Angeles Times. Según documentos oficiales, Chiquita les pagó a los paras al menos 1,7 millón de dólares entre 1997 y 2004. Chiquita insiste en que el dinero que pagó fue para proteger el bienestar de sus trabajadores. Cuando se dio cuenta de que sus pagos violaban las nuevas leyes antiterroristas, tomó la decisión en 2004 de dar a conocer sus pagos y vender su subsidiaria colombiana. El jefe ejecutivo de Chiquita, Fernando Aguirre, describió el acuerdo como “una solución razonable a un dilema al que se enfrenta la empresa desde hace unos años”. Los grupos locales de derechos humanos en Colombia han acusado a la empresa de usar los puertos que controla para contrabandear al país rifles de asalto y otras armas en nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conocidas como escuadrones de la muerte.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.