La Cámara de Casación Penal cambió sus propios criterios “para favorecer a los imputados” en las causas sobre crímenes de la última dictadura militar. Más aún: “paraliza las investigaciones”, “demora en expedirse” y “obstaculiza” el funcionamiento de los tribunales orales que deben juzgar a los represores con el fin de beneficiarlos. Esos son los cuatro pilares de una denuncia que presentaron ante el Consejo de la Magistratura 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que reclamaron la destitución de los camaristas Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi. “Hay sólidos fundamentos para eso”, dijo la diputada K Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación, que este jueves ya iniciará el trámite que podría derivar en un juicio político.

El Tribunal de Casación Penal, que actualmente preside Bisordi, es el segundo en importancia del país después de la Corte Suprema. Tiene cuatro salas. El mayor embudo en las causas sobre derechos humanos, ese gran obstáculo que retarda los juicios orales, se produce en la Sala IV, especializada en temas militares. La integran Hornos, Capolupo y Riggi (en reemplazo de Amelia Berraz de Vidal, que se excusó). Hay siete expedientes sobre crímenes del terrorismo de Estado que ya llegaron a los tribunales orales porteños, pero las audiencias no pueden comenzar porque Casación mantiene sin resolver planteos de los acusados. En total, cerca de cien recursos e incidentes demoran desde esa cámara, también durante la etapa de instrucción, las investigaciones en todo el país. El más antiguo corresponde a la causa ESMA y cuestiona nada menos que su reapertura.

Los denunciantes que acudieron al Consejo de la Magistratura son querellantes en las megacausas sobre el Primer Cuerpo de Ejército, Campo de Mayo, ESMA y el Plan Cóndor. “Analizamos la actuación de Casación en todas las causas de derechos humanos. Hay dos temas centrales: cómo dilatan sus resoluciones, al punto que tienen planteos sin resolver desde hace tres años, y cómo la sala IV cambió su criterio restrictivo sobre excarcelaciones por uno más flexible desde que empezó a recibir pedidos de represores”, explicó a Página/12 el abogado Rodolfo Yanzón, que representa al grupo. También intervienen los abogados Mónica González Vivero, Luz Palmás Zaldúa, Leonel Curutchague y Flavia Fernández Brozzi.

En base a un análisis comparativo de los fallos, el pedido de expulsión de los cuatro jueces cuestiona la reciente liberación de Jorge Olivera Rovere, segundo de Guillermo Suárez Mason en el Primer Cuerpo de Ejército, acusado de 180 desapariciones y asesinatos. Objeta también la excarcelación de once militares imputados por el Plan Cóndor.

Desde su creación en 1992 y hasta 1999, la Cámara de Casación –detallan los denunciantes– ni siquiera aceptaba analizar reclamos sobre la libertad de los imputados. Luego empezó admitir algunos, pero siempre los rechazaba. El gran cambio, subrayan, se produjo en 2005, cuando empezó a recibir una avalancha de recursos de imputados por “las masivas violaciones a los derechos humanos”. Entonces, no sólo empezó a estudiar los recursos que antes rechazaba, sino “a conceder el beneficio de la libertad” sin tener en cuenta “la calificación legal y gravedad de los crímenes, ni la multiplicidad de imputaciones, ni las reglas concursales, ni las eventuales condenas”. “En la Sala IV –dice Yanzón– también usan ese criterio abierto cuando se trata de empresarios y delitos económicos, pero no cuando se trata de delitos comunes, donde fluctúan.”

Al hilar más fino, la presentación ante el Consejo pone una alerta sobre los argumentos que usó el juez Riggi para devolverle la libertad a Olivera Rovere. Se basó, dice, en “su arraigo en la comunidad por ser un oficial del Ejército”, consideró “sus vínculos sociales, entre los que figuran los mismos jueces de casación” y “valoró que obtenía sus ingresos como oficial retirado, lo que dificultaría su fuga”. “No nos cuesta mucho establecer el amplio sector de la población que no será alcanzado por las buenas intenciones de Riggi”, ironiza el texto, y pone como ejemplo a los extranjeros, los desocupados, “y los que tengan vínculos sociales que el juez desconoce”.

La diputada Conti, que lidera la Comisión del Consejo que promueve los juicios políticos, recibió ayer la denuncia. Después de leerla, aseguró que “aporta en concreto situaciones de clara reticencia de los jueces de Casación para avanzar. En algunos casos –remarcó– se advierte un favoritismo ideológico por los represores”.

A la consejera le llamaron la atención, dijo, algunos datos del informe recibido. Por ejemplo, que la Cámara de Casación solía celebrar las misas de fin de año en la catedral Stella Maris, que pertenece al Obispado Castrense, que estaba a cargo de monseñor Antonio Baseotto. Los querellantes recuerdan que en la misma estructura del vicariato castrense estaban el carapintada Pedro Candia y el presbítero Alberto Angel Zanchetta, capellán de la ESMA en 1977, época en que alentaba a los torturadores con justificaciones religiosas. También, detallan, hubo acuerdos de Casación con la Armada en otros rubros para que el personal judicial pudiera usar el comedor y el gimnasio del edificio Libertad. Lo curioso, relatan, es que el día que quiso entrar allí el fiscal Carlos Rívolo le prohibieron la entrada porque había dictaminado en contra de varios represores por crímenes en la ESMA.

En la misma línea, la documentación que recibió Conti muestra cómo cada vez que Casación designaba conjueces para las causas contra represores, salían sorteados personajes con algún vínculo con la dictadura, que terminaban recusados, como es el caso de Roberto Durrieu, ex secretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla.

Y la lista continúa. Los promotores del juicio político cuestionan que, desde el vamos, las megacausas sobre la ESMA y el Primer Cuerpo quedaran a cargo de la Sala IV, por ser la que históricamente atiende temas militares. Esto resultó así, añadieron, “con la anuencia de los fiscales Raúl Plee y Ricardo Weschler”. “Está expresamente vedado por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, señalaron.

En cuanto al juez Bisordi, recordaron que el propio Consejo de la Magistratura le impuso una sanción por referirse a Graciela Daleo, una sobreviviente de la ESMA, como “delincuente terrorista” y por agredir también al abogado Yanzón. Ambos lo habían recusado por su conocida aprobación de los métodos del terrorismo de Estado.

La Comisión de Acusación del Consejo este jueves designará un consejero para instruir el expediente contra los camaristas. Como paso siguiente, serían citados como sospechosos. Luego habrá un dictamen que podría promover el juicio político. “No creo que haya resistencia para acusarlos porque la morosidad es palmaria”, sostuvo Conti, una diputada oficialista dispuesta a acatar los reclamos que hizo el presidente Néstor Kirchner para acelerar las causas durante la apertura de sesiones en el Congreso.

Otro dato que los consejeros difícilmente puedan soslayar es que de los 259 militares, policías y civiles presos (70 con arresto domiciliario) por crímenes de la dictadura, sólo cinco cumplen condena luego de ser juzgados. En el medio, dicen los 61 sobrevivientes y familiares, actúa la Casación, más conocida en Tribunales como “el tapón”. “El espíritu de cuerpo entre los uniformados” y “con el que colaboran sucesivos gobiernos, jueces y fiscales”, apunta a proteger a los imputados y, “lo que es más grave, impide dar a conocer lo sucedido con las víctimas”.