Desde Potosí

Durante 14 meses, Manuel Morales Olivera parecía intocable en el gobierno de Evo Morales. Hijo del que había sido candidato a gobernador de La Paz por el partido oficialista y hermano de la directora nacional de Aduana, Morales Olivera había convencido al presidente boliviano de que sabía de hidrocarburos, pese a que nunca había trabajado en el ramo y que no había concluido ninguna de las tres carreras universitarias que había iniciado. El 29 de enero pasado asumió la presidencia de la estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras obtener del mandatario un decreto de excepción para bajar las exigencias para asumir el cargo. Esa confianza ciega quedó sobregirada esta semana, cuando Morales Olivera no pudo defenderse ante el Congreso y terminó por confesar que negoció a espaldas de todos para dar “condiciones blandas” de operación a Petrobras. El viernes, Morales lo destituyó del cargo.

Todo se remonta al 28 de octubre del año pasado. En el Palacio Quemado se vivía la euforia de la firma de los nuevos contratos petroleros, de la materialización legal de la nacionalización de los hidrocarburos iniciada por Evo Morales el 1o de mayo y, sin embargo, uno de los artífices de la negociación, el entonces presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, decía que tenía ganas de renunciar. Su relación con Morales Olivera, asesor general para ese entonces, no era de las mejores y, pese a que era su subalterno, tenía más poder que él en ese momento. Dos días después de la firma, Morales Olivera se volvió a reunir con Petrobras y Repsol YPF, las dos operadoras de gas más importantes de Bolivia, para proponerles negociar condiciones más blandas a las firmadas dos noches antes. Ambos contratos tenían un anexo cifrado con la letra D, en el cual se especificaba qué tipo de gastos las petroleras podían descontar de impuestos. Oficialmente, la noche del 28 de octubre se negoció que sólo podían ser descontados los montos ligados a la exploración y explotación de hidrocarburos, pero otro Anexo D secreto permitía a las empresas debitar hasta sus gastos de viaje.

De esa forma, se envió al Congreso el primer anexo D negociado el 28 de octubre y no el negociado dos días después. De manera paralela, la relación entre Ortiz y Morales Olivera se había desgastado a tal punto que Ortiz condicionó su continuidad a que el asesor abandonara la compañía. Es así que el gobierno le pidió su renuncia y Morales Olivera la presentó el 20 de diciembre. Sólo en ese momento informó que había unos problemas en los contratos, sin especificar cuáles.

La duplicidad de los anexos D fue detectada por YPFB el 4 de enero y los problemas suscitados por las irregularidades llevaron a Ortiz a renunciar a la presidencia de YPFB. Se fue denunciando manoseo a su nombre y que Morales Olivera operaba para quedarse con su puesto. Tres días más tarde, el 29 de enero, Morales Olivera asumió la presidencia de YPFB y su primera labor fue detener la protocolización y puesta en vigor de los nuevos contratos petroleros. Esto llamó la atención de la oposición. Primero se dijo que los nuevos contratos (que administrarán un negocio que superará los 4000 millones de dólares a partir de 2010) tenían errores de forma fácil de solucionar, pero cuando las autoridades presentes y pasadas del sector hidrocarburos se presentaron a declarar frente a la comisión económica del Senado, todo salió a la luz. Morales Olivera admitió que negoció a las espaldas del ministro de Hidrocarburo y el entonces presidente de YPFB, que el que ahora vale es el primero, que lo hizo por el bien del país, pero no convenció a nadie.