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La asunción de Alvaro Uribe como presidente de Colombia estuvo enmarcada en un verdadero mensaje de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra el hombre de 50 años que propugnó “mano dura” contra la guerrilla: puertas adentro, y aislado el salón elíptico del Congreso, a las tres de la tarde local Uribe juró como presidente ante 600 invitados, entre ellos cinco jefes de estado latinoamericanos: Eduardo Duhalde de Argentina, Hugo Chávez de Venezuela, Gustavo Noboa de Ecuador, Ricardo Maduro de Honduras y Mireya Moscoso de Panamá, así como el príncipe de España, Felipe de Borbón; una nutrida delegación estadounidense encabezada por el representante de Comercio, Robert Zoellick, y los 268 congresistas colombianos. Afuera, de telón de fondo y a pesar del alto dispositivo de seguridad montado, con 20.000 efectivos, el espacio aéreo cerrado y el patrullaje de aviones norteamericanos, se consumaron en simultáneo a la toma del mando cinco ataques con cilindrosbomba que tuvieron como blanco el Palacio presidencial y los alrededores del Congreso: tres contra la Casa de Nariño, donde se encontraba el saliente presidente Andrés Pastrana, hiriendo a cuatro policías, y dos explosiones a 400 metros de la sede presidencial, en el barrio pobre El Cartucho, donde hubo entre 14 y 16 muertos –tres de ellos niños– y 20 heridos. Uribe dio un discurso escindido de la turbulencia de la jornada, en el que revivió su llamado a la comunidad internacional; mencionó la continuidad del Plan Colombia, la reforma política, el inminente ajuste fiscal y su llamado a la reconciliación nacional.
Con los sucesos de la mañana y durante la toma de mando se contabilizaron 69 entre lesionados y heridos –29 de gravedad–, en unos hechos de los que Uribe no tuvo conciencia en su momento y de los que más tarde atinó a decir: “¡Qué vaina! (qué problema) ¡Qué insuceso!”. En el momento de su asunción se registraba el clímax de los atentados en Bogotá: la explosión de dos granadas de mortero contra la Casa de Nariño (sede de gobierno) al tiempo que Pastrana salía junto a sus colaboradores, ataque del que salió ileso, pero que causó heridas a cuatro policías. Dos explosiones más sacudieron una zona aledaña, conocida como la “calle del cartucho”, habitada mayoritariamente por indigentes, por la que luego se registraron entre 14 y 16 muertos, entre ellos tres niños. Al mismo tiempo, Uribe, que llegó a la presidencia con el 53 por ciento de los votos el pasado 26 de mayo, daba su primer discurso en el cargo. Los temas se conocían de antemano: hizo un llamado a la conciliación señalando su oposición tanto a la violencia para combatir al gobierno, como la violencia para defenderlo por parte de los grupos insurgentes de Colombia. En su mensaje, de unos 20 minutos, Uribe hizo un esbozo muy general de lo que serán sus principales líneas de gobierno, incluyendo una reforma política y un estatuto antiterrorista que otorga facultades especiales a las Fuerzas Armadas.
Por empezar, expresó el respaldo a las fuerzas y anunció que el gobierno estimulará “que millones de ciudadanos concurran a asistirlas”, refiriéndose a la anunciada red de un millón de informantes civiles. Uribe tiene por delante el mandato de mejorar la seguridad, y su plan apunta prioritariamente a fortalecer el Estado, prometiendo la combinación de un refuerzo militar sustantivo –con la duplicación del número de efectivos, de 200.000 a 400.000, la supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización de las FF.AA.– y de una negociación política que sería liderada por Naciones Unidas. Su iniciativa de reformar las instituciones del país y establecer un Congreso unicameral es parte del llamado a un referendo que propone eliminar las prebendas de los diputados, dándole batalla al “clientelismo, la politiquería y la corrupción”. En este sentido y una vez terminado el acto protocolario, el nuevo ministro de Interior Fernando Londoño presentó el proyecto de referendo en que ofrece bancas parlamentarias a los grupos irregulares que se involucren en unproceso de paz y la reducción del Congreso bicameral, de los 268 legisladores actuales a 160.
El flamante mandatario hizo un llamado a los vecinos de la región a la integración y derrotar a las drogas, afirmando que continuará con el Plan Colombia contra el narcotráfico. Además, llamó al apoyo de Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias a la liberación de los secuestrados por los insurrectos y su preocupación por las amenazas que reciben funcionarios y alcaldes. Asimismo pidió a Europa, Estados Unidos y Asia que se unan a su lucha. Entre junio y julio Uribe realizó una gira internacional para pedir soporte a su programa. Logró que Estados Unidos permita el uso castrense de recursos del Plan Colombia de lucha antinarcóticos: 79 helicópteros, equipos de espionaje y campaña y entrenamiento de una brigada de elite de 3000 hombres en Estados Unidos. Uribe hereda de su predecesor, el conservador Andrés Pastrana, el fracaso de las negociaciones de paz con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con 17.000 hombres armados, tras tres años y medio de negociaciones truncas que tuvieron su fin el pasado 20 de febrero; también enfrenta al Ejército de Liberación Nacional, de 4000 efectivos, y del otro lado dispone de la simpatía tácita de la ultraderecha, los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con 10.000 hombres en armas.
Uribe mencionó los indicadores de la frágil economía que tiene de legado: con un desempleo del 16 por ciento y un alto índice de pobreza del 60 por ciento, el crecimiento que se calcula para este año es de un 1,5 por ciento –el primer semestre registró un 0,5–, un déficit fiscal del 5 por ciento del PBI y una deuda pública del 52 por ciento. Precisamente Uribe se refirió a su propuesta de ajuste fiscal e hizo un llamado a la responsabilidad tributaria del empresariado. Pero el as con el que cuenta es la aprobación que hizo la administración Bush de la ley comercial fasttrack que incluye la ampliación y extensión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA, que beneficia a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.