El Senado aplicó ayer una pequeña ración de oxígeno a la finiquitada ley de inmigración y aprobó por mayoría suficiente volver a discutir la difícil y trascendente pieza legislativa con nuevas y más drásticas enmiendas. La decisión de ayer es sólo eso, una autorización para devolver la ley al Pleno, pero no existe ninguna garantía de que ésta sea aprobada en la próxima votación, probablemente antes del fin de semana.

De los 64 senadores que votaron a favor de reanudar los debates, varios advirtieron que su pronunciamiento favorable ayer no debe interpretarse como un seguro respaldo a la ley. Ni qué decir tiene hasta qué punto son hostiles los 35 senadores que votaron en contra. La ley sobre inmigración, que pretende la regularización de 12 millones de inmigrantes ilegales, así como la creación de una nueva estructura migratoria de cara al futuro, ya fue votada a principios de mes y obtuvo el respaldo únicamente de 45 senadores. Esta legislación encuentra muy fuerte resistencia entre los republicanos más conservadores, que creen que se trata de una amnistía encubierta, y entre los demócratas más a la izquierda, que temen que perjudique la calidad de los actuales puestos de trabajo.

El presidente George Bush, que ha hecho campaña a favor de esta ley en cuerpo y alma, volvió el martes a urgir al Senado a encontrar una solución sin vencedores ni vencidos que permita sacar adelante esta reforma que, según él, el país tanto necesita. Los secretarios de Comercio, Carlos Gutiérrez, y de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, han vivido prácticamente en el Capitolio en las últimas semanas, como emisarios de Bush, tratando de convencer a los congresistas de que le den luz verde a esta iniciativa.

Con ese fin, la Casa Blanca ha hecho ya una importantísima concesión a la mayoría conservadora de su partido: la inclusión de 4400 millones de dólares destinados a medidas de vigilancia en la frontera con México para evitar el coladero tradicional en las últimas décadas.

Pero esa no es la única concesión. Se ha incluido también una mayor flexibilidad en la capacidad de las empresas para contratar trabajadores extranjeros y se están estudiando otras medidas para favorecer en ciertos aspectos y recortar en otros los permisos de residencia por reunificación familiar. Se intentan, además, establecer garantías para que todos los inmigrantes ilegales que quieran regularizar su situación tengan previamente que abandonar Estados Unidos. En conjunto, decenas de nuevas enmiendas que empezaron a ser discutidas el martes mismo y que hacen imprevisible el destino final de esta legislación.

Incluso si, finalmente, consigue superar el obstáculo del Senado, la reforma migratoria tendrá que pasar por la Cámara de Representantes, donde muchos congresistas de ambos partidos han advertido ya que la esperarán con la espada desenfundada.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.