Por ahora, los homosexuales deberán esperar: una jueza rechazó el pedido judicial para que se puedan casar. La demanda había sido presentada por dos mujeres que solicitaron turno en la ciudad de Buenos Aires para contraer matrimonio. La negativa del Registro Civil derivó en un reclamo en Tribunales para que se declarara “inconstitucional” la prohibición del casamiento a dos personas del mismo sexo. La presentación se basó en una serie de argumentos jurídicos y del derecho internacional comparado que evidencian la “discriminación” que implica ese impedimento. La jueza desechó las consideraciones jurídicas y centró su decisión en la “naturaleza” del matrimonio como institución destinada a la “procreación” y la “perpetuación de la especie”. El fallo ya fue apelado.

El recurso de amparo fue presentado en la Justicia civil por María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), y su novia, Claudia Castro, en febrero pasado. Allí reclamaban que se declare “inconstitucional” el Código Civil, que impide el casamiento entre dos personas de igual sexo. Incluyeron una batería de argumentos jurídicos y ejemplos de países donde el impedimento ya fue eliminado.

El reclamo recayó en la jueza María Bacigalupo, que el viernes pasado dictó su fallo para rechazar la pretensión. “La institución del matrimonio no atiende sólo los intereses privados de los contrayentes o el desarrollo de su personalidad, sino que regula actos que van más allá de la esfera de la intimidad y que se relacionan directamente con la organización de la sociedad misma”, sostuvo la magistrada y sentenció que el matrimonio “está destinado a la continuidad de la especie y a la educación de los hijos”. También argumentó que “es y ha sido la institución que protege la unión heterosexual de la que nacerán nuevos miembros (los hijos) para que la sociedad no se extinga y siga así el curso de la vida”.

María Rachid señaló a Página/12 que “la jueza no responde a ninguno de los argumentos planteados, no se basa en fundamentos jurídicos, sino en convicciones personales y creencias religiosas”. “Es un fallo nulo –consideró–, porque se apartó de la aplicación de la ley y sólo tuvo en cuenta sus propios prejuicios. La doctora Bacigalupo no consigue separar su fanatismo religioso de su función como jueza de la Nación.”

“Hay además citas de tratados internacionales –advierte Bruno Bimbi, secretario de Relaciones Institucionales de la Federación–, cuyo análisis incluimos en la presentación original, pero la jueza hizo su propia evaluación, descartando la opinión de los que saben. Y hasta hizo análisis gramaticales, para evaluar eso de ‘el hombre y la mujer’, en los que dice que la conjunción ‘y’ es una preposición.”

Bimbi también señala que el fallo cita algunos textos para fundamentar el rechazo, “pero los saca de contexto y hace decirles a autores cosas que no piensan”. “Es el caso de (el constitucionalista Andrés) Gil Domínguez, pero el mismo autor, en el mismo libro, cuatro páginas después de la que ella cita, dice lo contrario a lo que ella dice...”

“El fallo es muy pobre, no tiene argumentos sólidos y sólo exhibe los prejuicios discriminatorios de la jueza: es vergonzoso”, sintetiza sus objeciones María Rachid. De la misma manera, María José Lubertino, titular del Inadi, opinó que “se ha hecho prevalecer un concepto prejuicioso y arbitrario, utilizando una concepción arcaica del Derecho de Familia, por encima del Derecho Constitucional, que garantiza la no discriminación y la igualdad ante la ley más allá de las diferencias”. “Todas las personas tienen derecho a formar una familia, no importan su orientación sexual o identidad de género –destacó–. En otras épocas se prohibían los matrimonios entre personas de distintas etnias o personas de distintas religiones. Negarle los derechos de protección que el vínculo matrimonial conlleva a un sector de la sociedad es discriminatorio.”

Con ese espíritu, la organización ya presentó la apelación ante la Cámara Civil. “Lo cierto es que nosotros esperábamos esto. Era previsible. El camino que nos trazamos es llegar hasta la Corte Suprema –explicó Bimbi–. No creemos que nuestra pretensión de poder casarnos sea descabellada: ya hay varios países que lo autorizan, hay argumentos jurídicos y tratados internacionales, y un reciente fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU utiliza los mismos argumentos que usamos nosotros para dictaminar contra el Estado colombiano, a favor de una persona que reclamaba una pensión tras la muerte de su compañero del mismo sexo.”

La presentación judicial forma parte de una campaña nacional para lograr el matrimonio gay. Después del reclamo de Rachid y Castro, hubo otro caso en la ciudad de Buenos Aires y la idea es repetir los pedidos de amparo en distintos lugares del país. La Federación también viene juntando firmas de apoyo para una declaración a favor del matrimonio entre homosexuales.

Además, la Falgbt auspició la presentación en el Congreso nacional de un proyecto de ley para modificar el Código Civil y eliminar la exclusividad del matrimonio para los heterosexuales. La iniciativa ya tiene la firma de 24 legisladores de distintos partidos, incluidos el Frente para la Victoria, el ARI y la UCR. La última que estampó su nombre es la ahora gobernadora electa de Tierra del Fuego, la diputada del ARI Fabiana Ríos.