Con un acto en el puente Pueyrredón, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda recordaron los cinco años de la Masacre de Avellaneda. La ya tradicional marcha desde la estación hasta el puente se topó esta vez con un operativo policial que le frenó el paso durante más de dos horas. Los manifestantes, concentrados en el acceso, pudieron subir sólo después de largas negociaciones con la Gendarmería. Alberto Santillán, el padre de Darío, acompañado por Vanina Kosteki, la hermana de Maximiliano, leyó un documento en el que hubo críticas al gobierno nacional y el reclamo de juicio y castigo a los responsables políticos de la represión.

Un festival en la estación de trenes y una vigilia habían precedido la jornada de protesta. “Siempre me emociona ver lo que hace esa gente joven: la muestra de fotos y dibujos, las murgas, las obras de teatro me dan un orgullo muy grande”, dijo tras el acto el padre de Santillán; “me hacen sentir que Darío sigue viviendo en sus compañeros”.

Santillán también consideró como “una provocación del Gobierno” el operativo desplegado con carros hidrantes “porque siempre hemos hecho el acto en forma tranquila y pacífica”.

La protesta sumó además el pedido de aparición con vida de Julio López –el testigo contra Miguel Etchecolatz– y la exigencia de justicia por la muerte del docente neuquino Carlos Fuentealba. El Frente Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Territorial de Liberación, el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa fueron algunas de las organizaciones piqueteras que participaron de la movilización. También estuvieron las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y las organizaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

En las columnas se vieron además figuras como Nora Cortiñas (de Madres), Emiliano Hueravillo (Hijos La Plata) y los ex diputados Patricia Walsh y Luis Zamora.

Los familiares de Kosteki y Santillán impulsan en la Justicia federal una causa para que se investigue a los funcionarios que, el 26 de junio de 2002, tuvieron algún papel en la represión. Además del ex presidente Eduardo Duhalde, el reclamo incluye a otros que ocupaban cargos, como el gobernador Felipe Solá, Alfredo Atanasof (entonces jefe de Gabinete), Juan José Alvarez (ex secretario de Seguridad), Carlos Soria (ex responsable de la SIDE), Oscar Rodríguez (ex segundo de la Secretaría de Inteligencia), Aníbal Fernández (ex secretario general de la Presidencia), Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia) y Luis Genoud (ex secretario de Seguridad bonaerense).

Algunos de ellos habían hecho claras advertencias de que el gobierno estaba dispuesto a reprimir. Atanasoff, por ejemplo, sostuvo que si los piqueteros cruzaban el puente Pueyrredón, eso se tomaría como una “declaración de guerra”. Otros, como Vanossi, presentaron en las horas inmediatas a la represión una denuncia judicial en la que sostenían que había habido una especie de complot piquetero para derrocar a Duhalde, un argumento destinado a justificar lo actuado por la policía. La causa no ha tenido, sin embargo, avances de significación ni se ha imputado a ninguna persona.

El documento que se leyó a modo de cierre del acto por los cinco años, que fue redactado por todas las organizaciones convocantes, acusó al Gobierno por la falta de esclarecimiento sobre lo sucedido. “El manto de impunidad no sólo fue garantizado por la Justicia, también tuvo como partícipe al actual presidente Kirchner, quien había prometido investigar hasta las últimas consecuencias sin importar quién caiga”, señaló el texto.

El expediente sobre las responsabilidades políticas no es el único que no muestra resultados a pesar de los años transcurridos. En los tribunales de Lomas de Zamora la causa que debe juzgar los apremios sufridos por los manifestantes en las comisarías 1ª y 2ª de Avellaneda está congelada: ni siquiera se ha llamado a los denunciantes a ratificar sus dichos sobre las golpizas a los detenidos, a algunos de los cuales se mantuvo además desnudos en el patio de la seccional.

También está pendiente de condena, aunque mejor encaminada, en la causa por el allanamiento ilegal al local de Izquierda Unida por parte una patota de policías bonaerenses que dispararon a quemarropa sobre los militantes que se habían refugiado dentro. Los abogados que representan a los damnificados denunciaron que en este expediente hubo un intento de acordar un juicio abreviado sin darles aviso, se supone que para evitar la realización de audiencias orales, pero el propósito no prosperó.