El Estado brasileño reconoció por primera vez en un libro su responsabilidad en los crímenes de la dictadura. Derecho a la Memoria y a la Verdad es el nombre del documento presentado ayer en el palacio presidencial de Planalto en presencia de casi todo el gabinete de ministros y parlamentarios. Durante el acto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció su deuda con las víctimas de la represión. “Una de las heridas que permanece abierta es la localización de los restos mortales de las víctimas”, dijo. Sin embargo, familiares de desaparecidos volvieron a exigir la apertura de archivos militares secretos y castigo, mientras que sectores castrenses criticaron la medida del gobierno.

“Este libro significa el rescate de la memoria, de la verdad”, dijo durante la presentación Marco Antonio Rodrigues Barbosa, el presidente de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos que editó el material, fruto de once años de trabajo. Además Barbosa criticó la lectura que se ha hecho de la Ley de Amnistía de 1979, que liberó de juicio a los militares y culpables de la represión.

Condensado en 500 páginas, el trabajo recupera la historia de más de 400 militantes políticos, víctimas de la última dictadura militar en Brasil que se impuso entre 1964 y 1985. Aunque todos son casos conocidos, el aporte principal es el reconocimiento del Estado sobre su accionar represivo. “El aparato represivo llegó a actuar fuera del país. En 1972 dejó su marca en Bolivia, en 1973 en Chile y Uruguay, y en 1976 en Argentina”, indica el documento elaborado por la comisión creada en 1995 bajo el gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Por primera vez un libro oficial divulga unos pocos nombres de torturadores.

“No supone odios ni deseos de revancha”, afirmó Barbosa, quien recordó que los archivos de la dictadura “no fueron totalmente abiertos” y abogó porque un día sea posible hacerlo. Aunque Lula consideró que ubicar a los desaparecidos es “un derecho sagrado” de sus deudos, no garantizó la apertura de archivos, como reclaman los familiares. La comisión investigó durante una década, pero no encontró prácticamente nada sobre la época de la dictadura, que al parecer destruyó todo lo que pudiera incriminar a militares o ayudar a esclarecer muchos de los crímenes cometidos en esos años.

No obstante, los familiares están convencidos de que esos archivos existen, tal como expresó Elsita Santa Cruz, con más de 90 años y madre de un militante de izquierda desaparecido en 1974. “Esperamos una respuesta en breve sobre los archivos, porque ya estoy con una edad muy avanzada y quiero saber qué sucedió con mi hijo”, dijo la anciana mirando a los ojos a Lula. Pero ése no fue el único reclamo. “Este libro es un paso importante, pero solo un paso. Lo más importante es aclarar las circunstancias de las muertes y las desapariciones, la localización de los cuerpos y el castigo de los responsables”, dijo Lorena Moroni Barroso, que tenía 14 años cuando su hermana Jana se convirtió en 1974 en una de las desaparecidas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, garantizó que los militares no se oponen a la medida del gobierno. “Las fuerzas armadas brasileñas reciben este acto como de absoluta normalidad. No habrá individuo que pueda reaccionar, y si lo hay, habrá respuesta”, advirtió. El Estado brasileño reconoce 357 víctimas de la dictadura en Brasil. La organización Tortura Nunca Mais, que no asistió al evento porque le reclama al gobierno un compromiso mayor y la apertura de archivos secretos, contabiliza 480 muertos y desaparecidos.

En cambio, algunos militares cuestionaron el apoyo del gobierno a la investigación difundida. El general en retiro Luiz Gonzaga Lessa defendió la vigencia de la ley de Amnistía, impuesta en 1979, a la que consideró “ecuánime” con los militares y los “subversivos”. Gonzaga Lessa, ex presidente del Club Militar, institución que suele expresar a los jefes castrenses, dijo que impera un clima de “amargura” entre los militares por la publicación del libro. Los dichos de Gonzaga Lessa se suman a declaraciones de militares en actividad que fueron publicadas recientemente en la prensa local.