La inseguridad es el mayor dolor de cabeza de los guatemaltecos, según refieren las encuestas, por encima de la pobreza y el desempleo. La violencia forma parte de la vida cotidiana en este país centroamericano y golpea a todos los sectores sociales en todos los rincones. El año pasado murieron asesinadas 5885 personas. En 2007, las víctimas sumaban 3450 hasta el 15 de agosto. En este contexto, el general Otto Pérez Molina, de 57 años, candidato a presidente de la República del derechista Partido Patriota (PP), se ha convertido en uno de los favoritos en las elecciones de mañana gracias a sus promesas de combatir a los delincuentes con “mano dura, cabeza y corazón”.

El último sondeo preelectoral publicado ayer por el diario Siglo XXI coloca al general en segundo lugar con el 26,8% de votos, detrás del ingeniero industrial Alvaro Colón, de 56 años, candidato de la coalición de centroizquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 34,7%. La misma encuesta da una ligera ventaja a Otto Pérez en la segunda vuelta, prevista para el 4 de noviembre, si ninguno de los candidatos llega al 50% en el primer turno. “Me dirijo a los criminales. Estoy seguro de que algunos de ustedes me están viendo. El 14 de enero (día de la toma de posesión) van a encontrar un presidente con carácter. En Otto Pérez van a encontrar una mano dura, pero muy dura, contra la violencia y la delincuencia”, dijo amenazante el general al contestar a la primera pregunta en un debate televisado reciente. El candidato del PP promete meter en cintura a mareros (pandilleros), narcotraficantes y delincuentes de distinto pelaje, con más policía, mayores penas y el compromiso de firmar cuantas penas de muerte sean necesarias.

Se trata de un mensaje poco sofisticado, fácil de entender por amplios sectores de la población. La consigna “mano dura, cabeza y corazón” está presente en toda la propaganda del militar, en carteles, pancartas y es el latiguillo de la canción de campaña que resuena a ritmo de merengue en los mítines. Entre el público ondean banderas rojas y se levantan numerosos puños, que parecen dispuestos a golpear donde ordene el general. Hasta hace pocos meses, Alvaro Colón, que aspira a la presidencia de la República por tercera vez consecutiva, encabezaba las encuestas con comodidad. Su lema “Tu esperanza es mi compromiso” es poco menos que indescifrable para muchos guatemaltecos, cuyo presente les impide creer en un futuro promisorio.

Guatemala es una nación de 13,3 millones de habitantes en plena descomposición social que ha sido devastada por 36 años de una guerra civil (1960-1996) que provocó más de 200.000 muertos y desaparecidos. “No he visto una sociedad con un patrón de violencia tan elevado y extendido como Guatemala”, dice el ex canciller peruano Diego García Sayán, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los acuerdos de paz de 1996 pusieron fin a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, pero quedaron dos millones de armas en manos de la gente, y la seguridad en poder de las policías privadas que son parte de un ejército desmovilizado con experiencia en contrainsurgencia. “La disolución de cuerpos de seguridad oficiales y paraoficiales y de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) dieron paso a la privatización de la delincuencia, al aumentar el número de desempleados. Se sentaron las bases para el crimen organizado, que hoy está incrustado en todos los sectores”, explica Yolanda Pérez, que ejerció como juez durante 20 años y presidió la Corte Suprema.

La violencia golpea en el campo y en las ciudades, con asaltos a comercios, talleres y autobuses, por parte de pandillas y otros grupos criminales que exigen el cobro de cuotas. Las mujeres, los indígenas y los más pobres llevan la peor parte. El gobierno ha fracasado por improvisación, ineficiencia de los responsables, falta de recursos, corrupción policial, instrumentos jurídicos insuficientes y un sistema penitenciario que no funciona. Hechos como el robo sistemático y tráfico de niñas y niños para su adopción, el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer y la posterior ejecución en prisión de los policías acusados de dicho crimen muestran hasta dónde llega la actividad de cuerpos ilegales armados y de aparatos clandestinos que operan en el seno de las instituciones del Estado que deberían garantizar la seguridad.

Todos estos hechos no son investigados y quedan impunes. De 58.000 casos penales que llegan al Ministerio Público al año, menos del 5% se pone en conocimiento de un juez y de este porcentaje tan sólo el 7% llega a juicio, según cifras de la juez Yolanda Pérez. “Guatemala tiene un índice de impunidad que ronda el 95%”, declara Frank La Rue, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.