Hay escuelas porteñas que ya no tienen fondos para comprar lavandina para limpiar los baños ni para recargar los matafuegos. Es la consecuencia de la crisis que se ha desatado a raíz de que el gobierno porteño no gira los subsidios con los que los establecimientos deben hacer frente a los gastos corrientes, para su normal funcionamiento. El problema se inició hace ya dos meses y el 1º de agosto, los delegados de las cooperadoras escolares de toda la ciudad le enviaron una carta documento al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, en la que exigen “el inmediato cumplimiento de las normas vigentes y el consiguiente pago de las asignaciones adeudadas”. Pasados 37 días, las escuelas no recibieron ninguna respuesta. Tampoco contestaron los funcionarios del Ministerio de Educación a las consultas realizadas durante dos días por este diario, en una tácita aceptación de que no hay fondos, pero tampoco respuestas para el reclamo.

“Ya se está afectando el funcionamiento operativo de muchas escuelas”, advirtió a Página/12 el defensor adjunto del Pueblo, Gustavo Lesbegueris, quien recibió el reclamo de los delegados distritales y presentó hace dos semanas un pedido de informes, que tampoco fue contestado. “Esos gastos ya están contemplados en el Presupuesto que fue aprobado el año pasado por la Legislatura y que intentó ser modificado en agosto por el Ejecutivo: proponía un recorte de 40 millones de pesos en el presupuesto educativo, que fue rechazado por la Legislatura”, explicó Lesbegueris. A la luz de los hechos se ve que ese dinero no está disponible.

Las escuelas públicas porteñas se financian mediante el sistema de subsidios, que administran las cooperadoras, integradas por padres de los alumnos. De acuerdo con la ley, hay subsidios para “mantenimiento edilicio”, “equipamiento escolar” y “material didáctico”, que se distribuyen en cuatro cuotas para el primero y dos cuotas para los restantes. Hasta ahora, el Ejecutivo sólo entregó la primera cuota de los tres subsidios, que en promedio equivalen a un tercio de los recursos anuales cuando transcurrieron las dos terceras partes del año lectivo.

“Están atentando contra la educación de los chicos”, dijo a Página/12 José Luis Detramo, padre de un alumno que concurre a la escuela técnica Plumerillo, de Pompeya. “Teníamos encargada una partida de reactivos para los chicos de Química, pero tuvimos que suspender la compra porque no depositaron los subsidios”, se quejó Detramo que, además de integrar la cooperadora de ese colegio, es delegado de todas las escuelas del distrito 19, en la zona más desfavorecida de la ciudad.

“Estamos muy preocupados, principalmente en las escuelas de bajos recursos, donde los padres no pueden pagar la cuota de cooperadora y todos los gastos se cubren con subsidios”, se lamentó Ana Flores, de la escuela primaria de Río de Janeiro y Sarmiento, en Almagro, quien también es delegada del distrito 2. “Ya no tenemos fondos para comprar resmas, cartuchos para impresora o plasticola, ni siquiera para los artículos de limpieza”, enumeró la integrante de la cooperadora.

La carta documento que los delegados de las escuelas de toda la ciudad le enviaron a Telerman afirma que “con indignación y sorpresa hemos comprobado que, finalizado el primer semestre de 2007, sólo se han depositado las primeras cuotas de estos subsidios y lo que es más grave, según la información recibida de los directores de Infraestructura y de Cooperadoras, Eduardo Roy y Carlos Estalles, no tienen ninguna orden superior que indique que esta situación vaya a modificarse en lo que resta del año”.

Los delegados expresaron su “enérgico rechazo a cualquier intento de reducción presupuestaria encubierta, relacionada con la educación pública” y responsabilizaron al jefe de Gobierno “del perjuicio educacional que pueda producirse por la paralización de actividades en los establecimientos en los que no pueda garantizarse la seguridad de sus ocupantes por falta de recursos”.

Como única respuesta, los cooperadores recibieron esta semana una comunicación vía e-mail, sin membrete, en la que se dice que “sólo se depositarán los fondos a las escuelas que hayan rendido los fondos de 2007. “Nos están extorsionando, porque desde la misma Dirección de Cooperadoras nos rechazan las rendiciones por cuestiones menores, sabiendo que los padres que hacen este trabajo no son contadores sino simples voluntarios”, cuestionó Juan José Detramo, el delegado del distrito 19.

Ayer, los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad se sumaron al reclamo al denunciar “el ajuste del presupuesto educativo” y reclamar “que se ejecuten las obras de infraestructura escolar”. El gremio, durante un plenario de delegados, resolvió “declarar la emergencia educativa”, ya que “se registra un ajuste por el cual no se ejecuta el presupuesto, no se continúa con las obras de infraestructura y tampoco se efectivizó la segunda cuota del subsidio de material didáctico”.

A la falta de fondos para el funcionamiento de las escuelas se agrega la frustración de unos setenta grupos de escolares de zonas desfavorecidas, que estaban incluidos en el programa de campamentos del Ministerio de Educación y ya tenían preparados sus viajes. La última información sostiene que 21 de esos campamentos ya fueron suspendidos, mientras que se desconocía el destino de los restantes. El lunes último, los padres y los chicos se movilizaron en reclamo del cumplimiento del programa.